Investigan el destino de partidas del plan “Argentina Hace” enviadas en 2022. Admitieron usar dinero de obras en sueldos.
Gendarmería Nacional allanó la sede de la Comuna de Cabalango por orden de la Justicia Federal en el marco de una causa por corrupción. El operativo busca esclarecer el destino de fondos millonarios enviados en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández. Se investigan partidas del programa “Argentina Hace” que debían financiar infraestructura.
Los giros discrecionales ocurrieron bajo la presidencia comunal de Natalia Sayas y el interinato de Carla Bruno. Ambas funcionarias pertenecen al espacio político Provincias Unidas y quedaron bajo la lupa judicial. La investigación federal intenta determinar la trazabilidad de la caja pública en dicha administración.
El dinero tenía asignación específica para construir un playón deportivo, cordón cuneta y una obra hídrica clave. Sin embargo, los proyectos presentan graves inconsistencias administrativas o no se realizaron en los términos previstos.
Descontrol y confesiones
Al asumir el cargo, la presidenta Carla Bruno y el tesorero Mario Griglio alegaron desconocer el paradero del dinero público. En distintas instancias administrativas llegaron a manifestar que los recursos “habían desaparecido” de las cuentas oficiales. La falta de registros claros expone la precariedad del manejo fiscal en la comuna.
Posteriormente, el tesorero reconoció en una Asamblea que los fondos de capital se utilizaron para pagar sueldos corrientes. El funcionario invocó una supuesta resolución interna para justificar el desvío de las partidas nacionales. Esta maniobra viola el principio básico de afectación específica de la obra pública.
Las actuaciones judiciales se iniciaron tras las denuncias penales de referentes locales de La Libertad Avanza. La secretaria comunal Guadalupe Pulitta y el tribuno Leopoldo Pérez detectaron las irregularidades al asumir sus funciones. Ambos funcionarios exigieron investigar el destino final de los impuestos de los contribuyentes.
Auditoría bloqueada
Pulitta presentó un proyecto formal para realizar una auditoría externa integral sobre las finanzas de la comuna. La iniciativa buscaba transparentar los números ante los vecinos, pero no fue tratada en comisión por la gestión. El oficialismo local bloqueó la posibilidad de abrir los libros contables al escrutinio.
El allanamiento federal confirma que las sospechas sobre el manejo discrecional de fondos públicos tienen sustento legal sólido. No se trata de un hecho aislado, sino de la consecuencia de administrar recursos ajenos sin control ni rendición de cuentas. La transparencia fiscal es una obligación legal y no una opción política.
Derechadiario.com
