Se trata de Karen Cufré, quien fue detenida por la División Homicidios de la Policía Federal junto a otros sospechosos
Una de las integrantes de la banda que estafó y extorsionó al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos es una militante kirchnerista del Movimiento Evita y empleada de la Municipalidad de Morón, según se conoció en la investigación judicial.
Se trata de Karen Yael Cufré, de 25 años, quien fue detenida por la División Homicidios de la Policía Federal Argentina junto a otros seis sospechosos. La joven, con domicilio en la villa Carlos Gardel de El Palomar, en el partido bonaerense de Morón, está acusada de integrar la organización criminal responsable de la estafa que derivó en la muerte del soldado formoseño Rodrigo Andrés Gómez.
El militar se quitó la vida el 16 de diciembre pasado mientras cumplía funciones de guardia en una garita de vigilancia de la residencia presidencial. De acuerdo con la causa, había sido víctima de una maniobra de extorsión organizada desde el interior de una prisión bonaerense, mediante un falso procedimiento policial que lo acusaba falsamente de un delito grave.
La banda utilizaba un elaborado mecanismo de engaño que consistía en simular una causa por pedofilia supuestamente impulsada por la Policía Bonaerense. A través de esta maniobra, los integrantes de la organización intimidaban a la víctima y exigían pagos bajo amenazas, generando una presión psicológica que resultó determinante en el desenlace fatal.
El grupo operaba desde el penal de Magdalena, donde se encontraban detenidos los líderes de la organización. Entre ellos estaba Mauricio Duarte Areco, condenado por robo y con antecedentes por encubrimiento desde su juventud. Duarte Areco, además, mantenía una relación con Karen Cufré, quien habría cumplido un rol clave como operadora externa de la banda.
El funcionamiento de la banda
La estructura criminal funcionaba bajo un esquema de doble comando. Duarte Areco compartía la conducción con Tomás Francavilla, un delincuente oriundo de La Matanza condenado a más de tres años de prisión. Ambos coordinaban las operaciones desde la cárcel, mientras que sus parejas actuaban como ejecutoras en el exterior.
En ese contexto, las novias de los líderes criminales cumplían funciones logísticas fundamentales, entre ellas el cobro de dinero mediante billeteras virtuales y la gestión de las operaciones necesarias para sostener el funcionamiento del esquema de estafas. La participación de Cufré en este circuito es uno de los puntos centrales de la acusación judicial.
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