Habían intentato llegar a la Corte Suprema, pero la Justicia cerró definitivamente el caso.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el recurso extraordinario presentado por la comunidad mapuche Buenuleo de Bariloche, que buscaba llevar su condena por usurpación a la Corte Suprema de Justicia. Con esta decisión, la causa quedó definitivamente cerrada en el ámbito provincial, ratificando el fallo que los responsabiliza por la toma ilegal de un predio privado en el cerro Ventana.
El caso se remonta a septiembre de 2019, cuando integrantes de la autodenominada lof Buenuleo irrumpieron violentamente en el lote pastoril 172, ocupando unas 92 hectáreas con la excusa de una “recuperación ancestral”. Según determinó la Justicia, la ocupación se realizó con violencia y clandestinidad, afectando los derechos de los legítimos propietarios.
En mayo de 2024, el Tribunal de Juicio de Bariloche condenó a cinco de los usurpadores a 15 meses de prisión en suspenso y ordenó su desalojo. Otros tres miembros fueron absueltos. Además, dos personas recibieron penas menores por “perturbación del ejercicio de funciones públicas”, al haberse probado una amenaza de bomba para suspender una audiencia judicial. La multa impuesta por este delito será destinada a la Biblioteca del Poder Judicial para la compra de material educativo.
La defensa mapuche intentó revertir la sentencia alegando supuestas violaciones a garantías constitucionales y falta de imparcialidad del tribunal. Sin embargo, el STJ desestimó el recurso por cuestiones formales, al considerar que no se cumplían los requisitos para habilitar la instancia federal ni se desarrolló una crítica concreta al fallo previo. Los jueces remarcaron que la apelación se limitaba a repetir argumentos ya tratados.
El conflicto cobró notoriedad cuando, durante el gobierno de Alberto Fernández, funcionarios y referentes kirchneristas se presentaron en el lugar para expresar apoyo a los ocupantes ilegales, en un nuevo intento de politizar causas judiciales que vulneran la propiedad privada. La Justicia, en cambio, mantuvo firme su postura y rechazó el relato del “derecho ancestral” al determinar que los terrenos fueron vendidos legalmente por el antiguo poblador Antonio Buenuleo mucho antes de la conformación de la comunidad que hoy reclama esas tierras.
Con esta resolución, la Justicia de Río Negro marcó un precedente importante frente a los intentos de legitimar ocupaciones ilegales bajo argumentos ideológicos o étnicos. En tiempos donde la defensa de la propiedad privada vuelve a ser un pilar del nuevo rumbo político nacional, el fallo reafirma que ningún grupo organizado puede estar por encima de la ley.
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