ARCA y ARBA concentran la mayor parte del pasivo verificado.
La Justicia Comercial decretó la quiebra del empresario de la carne Alberto Samid por deudas impositivas que ascienden a $276 millones. La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado Comercial N° 25, Horacio Francisco Robledo, luego de que el empresario no lograra reunir la doble conformidad de sus acreedores en el marco del concurso preventivo iniciado en 2022.
El pasivo verificado está compuesto principalmente por deudas fiscales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentra la mayor acreencia, con $179 millones, mientras que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) reclama casi $94 millones por Ingresos Brutos e Impuesto Automotor impagos. También figura la firma Smart Commerce entre los acreedores.
La resolución judicial incluye una serie de medidas patrimoniales y personales. Se ordenó la inhibición general de bienes de manera indefinida, con notificación a los registros de inmuebles, rodados y otros activos. Además, se dispuso la prohibición de salida del país hasta el 3 de julio de 2026, salvo autorización judicial expresa. El magistrado también libró mandamientos de constatación y eventual incautación de documentación en el domicilio del empresario, y estableció que su correspondencia sea remitida a la sindicatura.
En el proceso, el juez evaluó la postura de ARCA, que desmintió que determinadas deudas vinculadas a la firma “El Fuego y el Agua” estuvieran canceladas en forma firme. Samid había intentado acogerse a una moratoria por aproximadamente $53 millones. Asimismo, en audiencias informativas quedó asentado que no logró avanzar en un régimen de facilidades de pago con el organismo bonaerense.
La situación patrimonial se desarrolla en paralelo a otros antecedentes judiciales. A fines de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta una causa por evasión iniciada en 2015. Sin embargo, el empresario ya había cumplido una condena firme de cuatro años de prisión dictada en 2019 por asociación ilícita y evasión.
En las últimas horas, su esposa informó a través de redes sociales que Samid se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este, Uruguay, por una infección que se habría complicado tras detectársele un virus en sangre. Según su abogada, contaba con autorización judicial para viajar pese a la restricción impuesta en la quiebra.
Además, el propio Samid cuestionó públicamente a la administración bonaerense de Axel Kicillof por no facilitar un traslado sanitario de urgencia que afirmó estar dispuesto a costear de manera privada.
Con la quiebra ya decretada, la sindicatura deberá avanzar en la determinación del activo falencial. Los acreedores tendrán plazo hasta el 31 de marzo para verificar créditos, mientras que en julio se presentará el informe general que definirá el alcance definitivo del proceso.
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