El propósito de la medida es agilizar la puesta en marcha de la Autoridad Nacional de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia.
El Gobierno nacional oficializó este jueves, a través del Decreto 803/2025 publicado en el Boletín Oficial, modificaciones a la reglamentación de la Ley de Defensa de la Competencia 27.442 con el objetivo de agilizar la puesta en marcha de la Autoridad Nacional de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que la Autoridad Nacional de la Competencia -creada por la ley sancionada en 2018- comenzará a ejercer sus funciones “inmediatamente después de constituida”, sin el plazo de 60 días que preveía el decreto reglamentario anterior (N° 480/18).
Qué establece el decreto
Según el texto, el Tribunal de Defensa de la Competencia deberá dictar su reglamento interno y las normas necesarias para su funcionamiento siguiendo las pautas de la ley y del decreto. Además, se dispone que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) supervisarán su accionar, garantizando “publicidad y transparencia” en materia de recursos, gastos, nombramientos y contrataciones.
El Gobierno justificó la medida en la necesidad de “evitar dilaciones en la puesta en marcha y operatividad” del organismo, al considerar que su rápida constitución “coadyuvará a la observancia de la libre competencia y la protección del interés económico general, evitando la paralización de los trámites en curso”.
El decreto también aclara que, hasta tanto se implemente lo dispuesto por la Ley 27.442 respecto al régimen laboral del personal, los trabajadores mantendrán la relación laboral existente al momento de la sanción de la norma.
El objetivo de la norma
La entrada en vigencia del Decreto 803/2025 marca un punto de inflexión en la política de defensa de la competencia, al redefinir el esquema institucional encargado de supervisar los mercados. Desde 2018, las tareas de control antimonopolio estaban bajo la órbita transitoria de la Secretaría de Comercio Interior, lo que limitaba la autonomía técnica y despertaba críticas por la falta de independencia en la toma de decisiones.
Con la creación formal de la Autoridad Nacional de la Competencia, el Gobierno busca descentralizar la regulación y dotar al nuevo organismo de facultades propias para sancionar y supervisar el comportamiento de las empresas. Este cambio se presenta como un paso clave en un escenario de reconfiguración estructural de la economía argentina, donde la transparencia y la competencia cobran un papel central.
Desde una perspectiva institucional, el nuevo marco representa un avance hacia un sistema moderno de control de mercado, comparable con organismos como la Comisión Europea de Competencia o la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos.
Aunque la norma no establece plazos precisos para los nombramientos, la selección de autoridades será decisiva para garantizar la eficacia del nuevo esquema. La creación de un ente independiente permitirá vigilar fusiones y adquisiciones, evaluar operaciones de concentración económica y sancionar prácticas colusorias o abusivas en sectores estratégicos como energía, alimentos, telecomunicaciones y transporte.
En el plano económico, la puesta en marcha de la Autoridad Nacional de la Competencia apunta a fortalecer la transparencia en la formación de precios, mejorar el clima de inversiones y brindar mayor previsibilidad a los mercados.
Además, incorpora un marco regulatorio más sólido para controlar las posiciones dominantes y las fusiones empresariales, aspectos críticos en una economía caracterizada por la alta concentración sectorial.
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