ATE y la UOM generaron un caos total en el centro mientras intentan inútilmente frenar la modernización laboral del gobierno nacional
La ciudad de Córdoba sufrió una parálisis total este jueves debido al accionar de sindicatos que bloquearon ilegalmente la circulación de todos los ciudadanos. Las agrupaciones ATE y UOM encabezaron columnas que transformaron el microcentro en un escenario de caos absoluto y extorsión pública. Estas organizaciones mafiosas impidieron el libre tránsito de los trabajadores cordobeses mediante cortes simultáneos en los principales accesos.
Los gremios locales insisten en defender un sistema laboral anacrónico y obsoleto que ya dejó a casi el 50% de los argentinos en la informalidad. Al oponerse a la modernización necesaria propuesta por el gobierno de Javier Milei, estos sectores demuestran que solo protegen sus privilegios. La resistencia violenta a los cambios estructurales es el principal obstáculo para que el país recupere la senda del crecimiento y el empleo real.
El bloqueo en el Puente Centenario y las inmediaciones del Hospital de Urgencias generó una situación crítica para cientos de conductores locales. Calles como Sarmiento, Olmos y Humberto Primo fueron tomadas por el personal de enfermería, judiciales y bancarios en perjuicio de la gente de bien. Los manifestantes intentaron imponer su agenda sobre el derecho constitucional a circular, dejando a la capital provincial en una situación límite.
Sindicatos amenazan con un paro nacional
Las cúpulas de la UOM y ATE amenazan ahora con un paro general para el miércoles 11 de febrero, día en que el Senado tratará la reforma laboral. Los referentes gremiales advirtieron textualmente: “No descartamos llamar al paro nacional en las próximas horas para frenar el tratamiento de la ley”. Esta maniobra busca anular la actividad en toda la nación mientras la Cámara Alta debate las normativas necesarias para impulsar el desarrollo.
Durante las protestas, la diputada izquierdista Celeste Fierro tildó al proyecto como una “reforma esclavista y reaccionaria” para presionar a los senadores. La presión callejera pretende condicionar el voto de los legisladores que responden a Martín Llaryora frente a la iniciativa del Ejecutivo Nacional. Resulta evidente que el sindicalismo cordobés utiliza la fuerza para sostener un modelo que impide la generación y contratación de nuevos empleados genuinos.
La ciudadanía manifiesta un hartazgo creciente frente a estas movilizaciones que cortan calles y no defienden el verdadero interés del trabajador. El cansancio social hacia la actividad sindical es total debido a la persistencia de métodos que atrasan décadas la competitividad del mercado local. Mientras la gente trabajadora sufre las consecuencias de estos bloqueos, queda claro que la modernización es el único camino hacia el bienestar.
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