A diez años de su detención, el Estado argentino solicitó que la dirigente de la Tupac Amaru pierda el beneficio otorgado por la Corte Interamericana.
A pocos días de cumplirse diez años desde la detención de Milagro Sala, el Gobierno nacional solicitó formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se ponga fin a la prisión domiciliaria de la dirigente jujeña y que cumpla su condena en un establecimiento penitenciario común.
La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que argumentó que la medida excepcional dispuesta en 2017 por el tribunal internacional se transformó en un privilegio injustificado, pese a que Sala cuenta con una condena firme de 15 años de prisión por delitos graves contra la administración pública.
Una condena firme por delitos graves
Milagro Sala, exlegisladora provincial y líder de la organización barrial Tupac Amaru, fue condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, además de recibir una inhabilitación absoluta.
Desde el Gobierno sostienen que la prisión domiciliaria no se corresponde con la gravedad de los delitos, y remarcan que la dirigente social ya no se encuentra en una situación procesal sino con sentencia firme ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rechazo al argumento de “hostigamiento judicial”
En la presentación ante la CIDH, el Estado argentino rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” impulsadas por la defensa de Sala. Según la documentación oficial, la dirigente habría incumplido las condiciones del arresto domiciliario, al cambiar de domicilio sin autorización judicial.
Ese movimiento activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico, lo que derivó en controles adicionales por parte de las autoridades penitenciarias. Desde el Ministerio de Justicia señalaron que presentar esos controles como persecución busca sostener un beneficio que no corresponde.
La postura del Ministerio de Justicia
En un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, afirmó que: “La República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales, pero esta medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a una criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”.
El Gobierno subrayó que respetar los compromisos internacionales no implica sostener privilegios incompatibles con el Estado de Derecho.
La situación procesal actual
Sala cumplió dos tercios de su condena el mes pasado, al alcanzar 10 de los 15 años impuestos por la Justicia jujeña. Esto la habilita, según el Código Penal, a solicitar la libertad condicional, aunque la libertad asistida recién podrá evaluarse en 2030 y la condena vencerá en enero de 2031.
Actualmente, la dirigente se encuentra internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata. Desde su defensa denunciaron supuestas irregularidades durante esa internación, críticas que fueron desestimadas por el oficialismo, que insiste en que se trata de controles judiciales normales.
Las causas judiciales que sostienen la condena
Una de las condenas contra Sala fue por el delito de amenazas, a raíz de llamados realizados en 2014 a una comisaría de Alto Comedero, donde advirtió que colocaría bombas si no se devolvían pertenencias secuestradas. Esa causa derivó en una pena de dos años.
La causa central, conocida como “Pibes Villeros”, la consideró jefa de una asociación ilícita que desvió fondos públicos destinados a viviendas sociales en Jujuy. El Tribunal Oral Criminal 3 la condenó a 13 años de prisión por asociación ilícita, fraude y extorsión.
Según el expediente, la defraudación al Estado ascendió a 60 millones de pesos, correspondientes a viviendas que nunca fueron construidas. El juicio comenzó en 2018 y contó con la declaración de más de 100 testigos.
Un mensaje político y judicial
Desde el Gobierno consideran que el pedido ante la CIDH marca un cambio de época, con el fin de terminar con regímenes de excepción heredados y reafirmar que la ley debe aplicarse de manera igualitaria, incluso en casos con alto contenido político.
La solicitud busca que Milagro Sala deje de cumplir su pena en su domicilio y sea trasladada a una cárcel común, en línea con el criterio de que los privilegios no pueden sostenerse frente a condenas firmes por corrupción.
Derechadiario.com
