El gobernador envió pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes en la Fiscalía General y la Procuración Penitenciaria.
El gobernador Martín Llaryora envió este martes a la Legislatura provincial los pliegos para reorganizar el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. La iniciativa busca materializar un nuevo tablero de control judicial y sellar un acuerdo político con el radicalismo para la Procuración Adjunta.
La actual fiscal General Adjunta Bettina Croppi fue propuesta para ocupar el cargo de Procuradora Penitenciaria con rango de vocal del Tribunal. Para ocupar la vacante que libera la funcionaria el gobernador desplazará a su abogado de confianza Néstor Gómez quien dejará la Defensa Pública. Gómez asumirá como uno de los adjuntos en la Fiscalía General tras haberse desempeñado como vicepresidente de la Lotería de la provincia de Córdoba.
La Legislatura aprobó el jueves 18 de diciembre el pliego de Carlos Lezcano como próximo fiscal General quien asumirá en el cargo el mes de marzo. El funcionario admitió que el mandatario le encomendó la tarea de apaciguar la interna existente en la Fiscalía General entre los distintos sectores.
Reordenamiento del poder judicial
Los designados por el oficialismo en el Ministerio Público Fiscal superarán en número a los delegados históricos del delasotismo y del schiarettismo. Llaryora había designado previamente a Alejandro Pérez Moreno como fiscal General Adjunto consolidando así su propia mesa judicial en los tribunales.
El mandatario podría colocar en el Ministerio Público de la Defensa a Jorge Folloni quien se desempeñó como secretario de Ambiente de la Municipalidad. El funcionario se encuentra actualmente a cargo del Tribunal Administrativo Ambiental que fue creado para efectivizar el cobro de multas en la ciudad.
La nueva estructura de la Procuración Penitenciaria estará a cargo de Croppi y contará con el fiscal Iván Rodríguez como uno de los funcionarios clave. Rodríguez actuó en la causa paralela del Hospital Neonatal donde archivó la investigación sobre una reunión previa a las denuncias por las muertes.
Acuerdo político con la oposición
El pliego de la radical María Florencia Degano fue propuesto para la Adjunta de la Procuración Penitenciaria tras un acuerdo con sectores de la UCR. La actual subdirectora de Asuntos Legales del Tribunal de Cuentas responde políticamente a Julio Ochoa y cuenta con el visto bueno de Marcos Ferrer.
En el gobierno admiten que el acuerdo fue tejido por el secretario General de la Gobernación David Consalvi y el dirigente radical de Río Tercero. También fue propuesta como Adjunta de la Procuración la abogada Guadalupe Trillo quien es considerada una persona de extrema confianza del gobernador.
Derechadiario.com
