La concesionaria busca trasparentar el impacto de las tasas que cobra el Estado en la factura final del usuario.
El Ersep inició formalmente un expediente para revisar la estructura de costos del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba capital. Esta medida responde a un pedido expreso de la empresa concesionaria Aguas Cordobesas, del Grupo Roggio, ante el ente regulador. El objetivo central es analizar el impacto financiero que tiene el aumento de los cánones provinciales sobre la tarifa final del servicio.
La solicitud se fundamenta en el incremento sostenido del costo del agua cruda que fija el Estado provincial de manera unilateral y exógena. Desde mediados del año 2025, este valor se actualiza automáticamente todos los meses, lo que genera desajustes constantes en la ecuación. La compañía busca implementar un mecanismo de traslado directo para que estas subas impositivas no se confundan con sus costos operativos.
El Ersep convocó a audiencia pública digital para el próximo martes 30 de diciembre a las 10 horas con el fin de tratar este asunto. No se trata de un pedido de aumento de tarifa convencional, sino de redefinir cómo se imputan estos cargos estatales en la boleta del cliente. La intención es separar los costos de gestión privada de las cargas impositivas que decide la administración pública provincial.
Transparencia tarifaria y contrato
El planteo de la empresa apunta a transparentar la facturación para que el usuario distinga qué parte del aumento corresponde al servicio real. Si se aprueba el esquema de “pass-through”, el canon se trasladará automáticamente sin afectar la ecuación económico-financiera de la firma. Esto evitaría que la concesionaria cargue con la responsabilidad pública por incrementos que son ajenos a su eficiencia y desempeño.
El contrato de concesión actual vence en mayo de 2027, por lo que el año 2026 será determinante para la renegociación de las condiciones. Ordenar la estructura de costos resulta vital para encarar una eventual nueva licitación con reglas claras para el sector privado. La previsibilidad regulatoria es un factor clave para asegurar las inversiones necesarias en la infraestructura sanitaria de la ciudad.
El cambio en la actualización del Valor de Gestión del Agua introdujo una dinámica inflacionaria que el contrato original no tenía prevista. Aislar este componente permitiría mantener la estabilidad jurídica del acuerdo vigente y proteger la sustentabilidad del servicio. La audiencia pública será el primer paso para definir un nuevo esquema que brinde certidumbre tanto a la empresa como a los usuarios.
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