El Tribunal de Cuentas bonaerense expuso graves irregularidades, gastos sin interés municipal y fallas documentales en la rendición de General Rodríguez, responsabilizó políticamente al intendente Mauro García y lo sancionó con una multa personal.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires dejó al descubierto una serie de irregularidades administrativas, falencias documentales y gastos cuestionados en la rendición de cuentas del ejercicio 2022 de la municipalidad de General Rodríguez, cuya máxima responsabilidad política recae en el intendente Mauro García.
Si bien el organismo de control resolvió finalmente dejar sin efecto cargos económicos millonarios tras la presentación tardía de documentación por parte del ejecutivo local, el expediente exhibe un dato central que no puede soslayarse: las observaciones existieron, fueron graves y derivaron en sanciones concretas, incluida una multa personal al jefe comunal, ya abonada.
Gastos sin interés municipal y propaganda personalizada
Uno de los puntos más sensibles del fallo se vinculó a la utilización de fondos públicos para gastos que no acreditaban interés municipal. Por caso, se observó el pago destinado a la adquisición de lonas para eventos deportivos en las que, según la documentación inicialmente presentada, figuraba la leyenda “Mauro García Intendente”, lo que desnaturalizaba el carácter institucional de la contratación.
La auditoría consideró que ese gasto violaba normas básicas del régimen de contabilidad municipal y el principio de objetividad que debe regir la publicidad oficial, configurando una utilización con sesgo personalista de recursos del estado. Por ese motivo, se había formulado un cargo económico contra el intendente y el contador municipal, que solo fue levantado luego de nuevas presentaciones y aclaraciones posteriores
El dato político es contundente: la observación existió porque la rendición original fue deficiente, y recién se corrigió cuando el daño institucional ya estaba expuesto.
Honorarios legales, pagos extrapresupuestarios y falta de respaldo
Otra de las polémicas involucró pagos por más de 1,5 millones de pesos en honorarios profesionales, realizados a abogados que, además, mantenían relación de dependencia con el municipio.
El Tribunal de Cuentas detectó la ausencia de documentación clave: convenios homologados, liquidaciones detalladas y planillas de distribución de honorarios exigidas por la normativa vigente. Esa omisión impedía verificar la legalidad de los pagos y motivó la formulación de cargos solidarios contra el intendente, funcionarios del área legal y contable.
Aunque esos cargos fueron posteriormente levantados tras la incorporación de expedientes judiciales y desistimientos, el fallo es claro al señalar que la documentación no fue aportada en tiempo y forma, incumpliendo las obligaciones básicas de la administración financiera municipal
La responsabilidad política del intendente
Más allá del resultado final del recurso de revisión, el Tribunal de Cuentas aplicó el principio de responsabilidad previsto en la ley Orgánica de las Municipalidades, señalando expresamente al intendente Mauro García como responsable solidario de las irregularidades detectadas.
No se trata de errores menores ni de meras formalidades administrativas: el expediente describe pagos observados, rendiciones incompletas y controles internos fallidos, todos ellos bajo la órbita directa del jefe comunal, quien es el responsable último del manejo de los fondos públicos.
Un dato que resulta ineludible es que el intendente fue efectivamente sancionado con una multa de 150 mil, impuesta por el Tribunal de Cuentas y abonada el 14 de mayo de 2024, según consta en el expediente oficial La existencia de ese pago desmiente cualquier intento de presentar el fallo como una absolución plena: hubo sanción, hubo reproche institucional y hubo reconocimiento tácito de incumplimientos.
El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas deja una conclusión política inequívoca: la municipalidad de General Rodríguez administró fondos públicos con graves deficiencias durante el ejercicio 2022, y solo logró revertir cargos económicos tras un proceso de revisión que evidenció desorden, improvisación y debilidad en los mecanismos de control interno.
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