La Legislatura retoma el debate para posiblemente prohibir una actividad que violenta el derecho a circular y a la seguridad ciudadana.
El Ministerio de Seguridad provincial intenta instalar en la agenda parlamentaria la posible prohibición definitiva de los cuidacoches ilegales. El ministro Juan Pablo Quinteros analiza utilizar como base la propuesta del legislador Hernández Maqueda para erradicar este sistema extorsivo. Resulta imperativo recuperar el control total del espacio público y dejar de delegar la seguridad en grupos civiles sin autoridad.
La iniciativa original propone que ninguna persona privada pueda exigir dinero de manera arbitraria a los conductores por usar la vía pública. Actualmente existen cooperativas que funcionan como un esquema de legalización para una actividad que nació desde la informalidad y el apriete. Muchos ciudadanos denuncian agresiones físicas y amenazas constantes cuando deciden no entregar dinero a estos individuos que operan ilegalmente.
A finales del periodo legislativo anterior la presión de ciertos sectores eclesiásticos logró congelar este proyecto de ordenamiento urbano necesario. La sociedad cordobesa exige una solución contundente que no consista en regular el delito sino en eliminarlo de raíz para siempre en la ciudad. El peronismo evalúa ahora si acompañará una prohibición total o si insistirá con un modelo de registro que, de fondo, solo prolonga el conflicto.
Fin de las cooperativas y la informalidad
La postura más firme sostiene que cualquier pago por estacionamiento debe ser administrado exclusivamente por el municipio mediante agentes oficiales. Para muchos contribuyentes la existencia de cooperativas de cuidacoches representa una forma de extorsión legalizada que vulnera la paz social. “Se puede abrir concurso para eso y, si aplica un naranjita, que quede”, señaló Hernández Maqueda sobre la posible incorporación al sistema formal.
El proyecto que se discute también contempla incluir a los limpiavidrios dentro de las restricciones para garantizar un entorno urbano mucho más seguro. Se debe terminar con el temor de los dueños de los vehículos que se ven obligados a pagar por un servicio ilegal que nunca solicitaron ni desean recibir. La libertad de los ciudadanos para estacionar sin ser hostigados es un pilar básico que el gobierno provincial debe garantizar sin más dilaciones.
Córdoba tiene la oportunidad histórica de dar un fuerte mensaje de autoridad frente a quienes se apropian de las calles mediante la intimidación diaria. Una regulación tibia solo servirá para mantener el esquema de poder de organizaciones que viven del esfuerzo ajeno y la extorsión. Es tiempo de que la ley proteja a quien trabaja y respeta las normas en lugar de amparar actividades que rozan permanentemente la delincuencia.
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