El exministro kirchnerista no logró convencer al tribunal y seguirá detenido por corrupción.
La Justicia volvió a marcarle un límite al kirchnerismo y exministro de Planificación Federal Julio De Vido continuará detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, luego de que la Justicia rechazara su pedido para acceder al arresto domiciliario.
El planteo había sido presentado por la defensa del exfuncionario, condenado en causas emblemáticas de corrupción vinculadas a su paso por el poder durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, los jueces consideraron que no se verifican las condiciones necesarias para concederle el beneficio y ratificaron su permanencia en una cárcel común.
De Vido se encuentra preso en el marco de investigaciones que expusieron el funcionamiento de una estructura de saqueo al Estado durante más de una década. Lejos de tratarse de un caso aislado, su situación judicial es una de las más representativas del esquema de corrupción sistemática que caracterizó al kirchnerismo, especialmente en el área de obra pública y energía.
El pedido de domiciliaria buscaba ampararse en argumentos vinculados a su edad y a supuestas cuestiones de salud. No obstante, el tribunal evaluó los informes médicos y penitenciarios y concluyó que el exministro recibe atención adecuada dentro del sistema carcelario y no existe un cuadro que justifique una medida excepcional.
La decisión judicial se suma a una larga lista de resoluciones que desnudan el fin de la impunidad para exfuncionarios que durante años se movieron con total protección política. En este caso, la Justicia volvió a dejar en claro que la gravedad de los delitos por los que fue condenado De Vido pesa más que cualquier intento de privilegio.
Mientras el kirchnerismo insiste en instalar un relato de “persecución judicial”, los hechos muestran otra realidad: condenas firmes, causas con pruebas contundentes y decisiones judiciales que resisten el paso del tiempo y los cambios de gobierno. La negativa al arresto domiciliario refuerza ese mensaje.
En un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa una agenda de orden, legalidad y fin de los privilegios, el fallo tiene un valor simbólico claro. Argentina comienza a cerrar una etapa marcada por la corrupción estructural y avanza hacia un sistema donde la ley se aplica sin excepciones.
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