La Nación audita las cuentas mientras la Provincia proyecta un desequilibrio mensual de $ 63 mil millones para el 2026.
Las proyecciones oficiales anticipan que para el año 2026 el déficit anual del sistema previsional cordobés escalará a los 820.000 millones de pesos. El desequilibrio estructural de la Caja de Jubilaciones expone la urgencia de realizar reformas profundas en la gestión de la administración local. Actualmente el rojo mensual ronda los 30.000 millones y demuestra la inviabilidad financiera de un esquema que no logra sostenerse a sí mismo.
El Gobierno nacional asignó en el Presupuesto 2026 una partida de 123.000 millones para asistir a las cajas provinciales que no fueron transferidas. Esta decisión se enmarca en una política de orden fiscal innegociable que exige revisar minuciosamente cada número antes de girar los fondos. Desde la Casa Rosada ratifican que el esquema de deudas se audita año tras año para asegurar la transparencia absoluta de los recursos públicos.
La Provincia reclama una deuda acumulada de 2 billones pero la Nación cuenta con un régimen de compensación de obligaciones por 900.000 millones. Las auditorías que utiliza la administración local para exigir pagos corresponden a períodos vencidos que impiden la validación técnica actual. Aunque la Corte Suprema ordenó revisar los números la falta de datos actualizados dificulta el reconocimiento automático de los montos exigidos.
Eficiencia y responsabilidad fiscal
El desequilibrio mensual estimado en 63.000 millones para el próximo ejercicio obliga a Córdoba a revisar sus propios gastos y matriz de ingresos. La administración central mantiene la meta de equilibrio macroeconómico y rechaza la emisión monetaria para financiar los déficits provinciales. Resulta evidente que la solución al problema requiere eficiencia administrativa local y no la dependencia constante de transferencias federales.
El diálogo entre las jurisdicciones se mantiene abierto pero supeditado al cumplimiento estricto de las metas fiscales que fijó el gobierno nacional. Córdoba debe asumir el costo político de ordenar sus cuentas internas en lugar de buscar culpables externos para justificar sus propios desfasajes. La sustentabilidad del sistema jubilatorio depende únicamente de la capacidad de la provincia para generar recursos genuinos y administrar bien.
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