El Gobierno admitió el rojo estructural de la Caja. Apelan a parches contables y mayor presión a los activos.
El gobernador Martín Llaryora confirmó hace unos minutos en sus redes sociales los detalles de la implementación de una nueva reforma previsional. El mandatario admitió que la Caja de Jubilaciones sufre un déficit estructural crónico derivado de las malas administraciones de gestiones previas. Si bien se promete respetar el 82% móvil, esto se realizará mediante sumas no remunerativas que no resuelven el problema de fondo del sistema.
La medida oficial recurre a esquemas de pagos en negro para alcanzar el porcentaje prometido sin sanear verdaderamente las cuentas públicas locales. Los analistas advierten que estos parches financieros distorsionan el sistema previsional y generan incertidumbre a futuro para los pasivos. Lejos de un ajuste del gasto político, la solución recae nuevamente sobre los contribuyentes y los trabajadores del sector público provincial.
La normativa impone una nueva escala de aportes personales que eleva la presión fiscal sobre los salarios de los trabajadores activos de Córdoba. Se establecieron alícuotas que llegan hasta el 8% para los sueldos más altos, castigando la productividad de quienes generan mayores ingresos. Este incremento en la carga tributaria busca financiar el desajuste de gastos sin reducir el tamaño del Estado ni eliminar privilegios políticos.
Solidaridad forzada y gasto
La modificación del artículo 58 ratifica la vigencia del aporte solidario que funciona en la práctica como un impuesto directo al haber jubilatorio. Aunque se elevó el piso mínimo, se mantienen tasas confiscatorias del 20% para los beneficiarios que aportaron más durante su vida laboral activa. Esta medida perpetúa un esquema de redistribución obligatoria que nivela hacia abajo y desincentiva el ahorro y el mérito individual.
El discurso oficial atribuye el rojo financiero a la falta de envíos de la Nación y evita asumir la responsabilidad por el gasto descontrolado. La declaración de emergencia previsional expone el fracaso de un modelo de gestión que priorizó el populismo sobre la sustentabilidad técnica. El agujero fiscal es producto de años de otorgar beneficios sin respaldo actuarial y de utilizar la Caja con fines ajenos a su propósito.
El sistema de compensaciones a cuenta de futuros aumentos es una ingeniería contable que patea el problema para adelante sin soluciones reales. Córdoba continúa aplicando recetas estatistas que recaen sobre el bolsillo de los contribuyentes en lugar de achicar el gasto de la política. Se optó por mantener una estructura estatal deficitaria financiando el desequilibrio con recursos del sector privado y productivo de la provincia.
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