El oficialismo destaca rebajas impositivas. La oposición cuestiona la “superestructura” de funcionarios y el gasto en pauta.
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este lunes el Presupuesto 2026 y el nuevo Código Tributario impulsado por el intendente Daniel Passerini. El oficialismo logró imponer su mayoría para sancionar la pauta de gastos que regirá los destinos de la ciudad durante el próximo año. La sesión estuvo marcada por un fuerte debate sobre la eficiencia del estado municipal y el tamaño de la estructura de funcionarios.
La normativa sancionada contempla una reducción del 30% en las tasas de Comercio e Industria que beneficiará a unos 20.000 contribuyentes locales. Desde el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba destacaron que se logró un “déficit cero” real por primera vez en siete años de gestión. El concejal Martín Simonian aseguró que el equilibrio fiscal es una prioridad absoluta para la administración en el contexto actual.
Sin embargo, las voces críticas desde la oposición apuntaron contra lo que consideran un gasto excesivo en áreas que no son consideradas esenciales. Se cuestionó duramente la continuidad de secretarías como “Ciudad Inteligente” o “Economía Circular” en medio de la crisis económica actual. Para el arco opositor, estas dependencias representan una “superestructura” burocrática de 400 funcionarios que engrosa el gasto público.
Dudas sobre el gasto y la estructura
El presupuesto incluye el pago de una cuota de US$ 43 millones correspondientes a la deuda internacional tomada por la gestión municipal anterior. Paralelamente, se encendieron las alarmas por partidas millonarias asignadas a publicidad y propaganda oficial para el año entrante. Documentos expuestos durante el debate mostraron asignaciones específicas para difusión que superan los 211 millones de pesos en un solo ítem.
Los referentes de la oposición plantearon que existen dos visiones de ciudad incompatibles entre el intervencionismo estatal y la libertad privada. Proponen eliminar áreas de control que consideran focos de corrupción y concentrar la gestión en obras básicas como cloacas y alumbrado. La crítica central apunta a que el municipio debe dejar de “estimular el mercado” con recursos públicos y limitarse a gestionar servicios.
El proyecto aprobado mantiene las facultades delegadas al Ejecutivo que le permiten reasignar partidas sin pasar por el recinto legislativo local. Graciela Villata advirtió que estas emergencias económicas otorgan “superpoderes” que desdibujan el rol de control institucional del Concejo. La discusión finalizó con la aprobación general, pero dejó abierta la batalla cultural sobre el rol del Estado en la economía local.
Visiones contrapuestas de ciudad
La oposición insiste en que la reducción de tasas debe ir acompañada de un recorte drástico en la planta política y en los gastos de ceremonial. Aseguran que la “Secretaría de Educación” o las áreas de salud de alta complejidad deberían pasar a la órbita de la provincia de Córdoba.
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