El ataque evitado contra la infraestructura estratégica habría buscado provocar una explosión de gran magnitud.
Las fuerzas federales lograron evitar un grave ataque terrorista contra una instalación crítica de gas de alta presión el pasado 31 de enero en la zona de los Bosques de Ezeiza, en el sur del conurbano bonaerense.
El hecho es investigado por la Justicia Federal como un “atentado terrorista” dirigido a un objetivo estratégico, debido a la naturaleza del blanco elegido, el tipo de armamento utilizado y la disposición de los explosivos hallados en el lugar.
Según fuentes de seguridad con acceso a la investigación, el episodio se desencadenó a partir de un alerta por la presencia de personas armadas en un sector sensible. Un cabo de la Gendarmería Nacional Argentina detectó a dos individuos que circulaban en una moto negra en las inmediaciones de un gasoducto troncal. Al advertir la presencia del uniformado, los sospechosos emprendieron la fuga y efectuaron disparos con armas calibre 9 milímetros.
Para los investigadores, esos disparos no tuvieron únicamente el objetivo de garantizar la huida. La principal hipótesis sostiene que buscaban detonar el material inflamable previamente colocado en el lugar para provocar una explosión masiva, una modalidad relacionada con ataques terroristas contra infraestructura estratégica.
Tras la huida de los sospechosos, se desplegó un operativo de rastrillaje que permitió dimensionar el alcance del ataque planificado. En sectores clave del sistema, claramente identificados con carteles de “peligro: gas de alta presión”, se encontraron dos granadas listas para detonar.
Además, se hallaron botellas con combustible colocadas de manera estratégica sobre los caños de alivio de la tubería principal, junto con vainas servidas de munición 9 mm a escasa distancia de los explosivos.
La selección del blanco y la disposición del material son consideradas determinantes para encuadrar el hecho como terrorismo. Según fuentes con acceso a la investigación, se trató de un intento deliberado de provocar daños masivos, generar pánico social y afectar el suministro energético.
El gasoducto involucrado forma parte de la red crítica que abastece a amplias zonas del Área Metropolitana, por lo que una detonación habría tenido consecuencias catastróficas en términos humanos, ambientales y económicos.
Por el impacto potencial sobre la seguridad nacional y por tratarse de un hecho ocurrido en un área protegida, la causa quedó en manos de la Justicia Federal. Interviene el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Vanesa Rocuso, quien ordenó el despliegue inmediato de la División Explosivos de la Policía Federal Argentina, además de Bomberos y personal de Policía Científica, con el objetivo de neutralizar riesgos y avanzar con las pericias.
En paralelo, se desarrolla un operativo de búsqueda intensiva en la zona sur del conurbano para identificar y detener a los responsables del atentado frustrado, cuyas motivaciones y eventuales vínculos aún son materia de investigación.
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