Con la reforma laboral como eje, el Gobierno inicia las extraordinarias en medio de intensas negociaciones políticas y una fuerte expectativa del mercado.
El presidente Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias mediante decreto. Se fijó un período que se extenderá hasta el 27 de febrero, con la apertura de las sesiones ordinarias prevista para el 1 de marzo.
El temario definido por el Poder Ejecutivo incluye proyectos estratégicos para la consolidación del programa económico. Está constituido por la reforma laboral, modificaciones en la Ley de Glaciares, el tratamiento del acuerdo Mercosur–Unión Europea y pliegos diplomáticos.
La convocatoria busca sostener el impulso reformista del Gobierno en un Congreso fragmentado. El oficialismo conforma la primera minoría (tanto en Diputados como Senadores), y se encuentra con capacidad de articular acuerdos.
La reforma laboral, primer gran test político del año
Dentro de esa agenda, la reforma laboral se convirtió en el primer gran test político de 2026 para el Gobierno. El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría en el Senado y el oficialismo apunta a sancionarlo antes de mediados de febrero. La estrategia parlamentaria está en manos de Patricia Bullrich, Jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.
El oficialismo cuenta con 21 senadores propios, lejos del quórum requerido de 37 bancas, lo que obliga a una negociación intensa con bloques “dialoguistas”. La fecha tentativa para sesionar es el 11 de febrero, con alternativa el día 12, aunque todo dependerá de los acuerdos que se cierren en las próximas horas.
La aritmética parlamentaria obliga al Gobierno a buscar apoyos en la UCR, el PRO y bloques provinciales. En ese marco, el Ministro de Interior, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones con distintos gobernadores para ordenar el voto de sus legisladores y facilitar acuerdos políticos.
El principal punto de tensión es el costo fiscal de la reforma, estimado en torno a un punto del PBI, producto de la baja impositiva que reparte impacto entre Nación y provincias. Los gobernadores reclaman algún mecanismo de compensación, mientras que el Ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una línea clara de no comprometer el equilibrio fiscal ni aumentar impuestos.
Sin embargo, lejos de confrontar, el oficialismo optó por una estrategia pragmática. Se sentó a la mesa de negociación, aceptó concesiones incómodas y priorizó un objetivo mayor. La Casa Rosada entiende que la aprobación de la reforma laboral es una condición necesaria para sostener el crecimiento y profundizar la normalización de la economía.
La mirada del mercado y el interés de Wall Street
La reforma laboral no solo es seguida de cerca por la política. El mundo empresario y los inversores internacionales observan su derrotero como una señal clave sobre la capacidad del Gobierno para modernizar el país mediante leyes.
Un reciente informe de JP Morgan destacó que el proyecto apunta a atacar uno de los principales desequilibrios estructurales de la Argentina: la informalidad laboral. El banco reconoció que la iniciativa busca reducir costos de contratación, mejorar la previsibilidad legal y sentar bases para una mayor formalización del empleo. Lo que genera un impacto directo en la inversión y la productividad.
El proyecto también incorpora incentivos explícitos a la inversión productiva, especialmente para proyectos medianos. Esto incluye: devolución anticipada del IVA, amortización acelerada y una baja gradual del impuesto a las ganancias a partir de 2026.
Para el banco, estas medidas apuntan a promover el despliegue de capital privado y reactivar sectores con bajo nivel de inversión, ampliando la base tributaria en el mediano plazo.
Desde el plano fiscal, el informe reconoce un costo inicial de entre 0,7% y 0,8% del PBI, pero sostiene que ese impacto sería compensado por mayor formalización, productividad y crecimiento.
En ese marco, el mercado sigue observando con atención: las valuaciones de la renta variable argentina continúan en niveles bajos y podrían mejorar si se consolida la credibilidad del programa económico.
Congreso, mercado y gobernabilidad
Con este escenario, la reforma laboral se convierte en mucho más que un debate legislativo. Es una prueba de gobernabilidad, una señal para los inversores y un punto de inflexión para el rumbo económico. El Gobierno enfrenta el desafío con una estrategia clara: negociar sin resignar el rumbo, construir mayorías circunstanciales y avanzar con reformas estructurales.
El resultado de este primer gran test legislativo marcará no solo el pulso del Congreso, sino también el nivel de confianza política y económica con el que Milei encarará el resto del año.
Derechadiario.com
