El diputado libertario reclama el apoyo de todo el arco político cordobés para la Ley Penal Juvenil de Javier Milei.
El diputado Gabriel Bornoroni lidera un reclamo urgente para transformar la realidad de inseguridad que azota diariamente a la provincia de Córdoba y al país. Esta iniciativa busca que todos los legisladores nacionales cordobeses acompañen con su voto la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años. Es una medida indispensable para brindar una respuesta institucional seria ante el crecimiento desmedido de los delitos cometidos por menores de edad.
El pedido del dirigente libertario surge tras el brutal ataque sufrido por Luna Rocío López, una joven de 22 años baleada recientemente en el barrio cordobés de Yapeyú. La víctima permanece internada en grave estado con una lesión medular irreversible producida por el impacto de bala durante un asalto violento. Este hecho aberrante pone de manifiesto la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a delincuentes juveniles que actúan con total impunidad en las calles.
En un video publicado este sábado en sus redes sociales, Bornoroni analizó con dureza las estadísticas actuales de la delincuencia juvenil local. El legislador mostró con preocupación informes que señalan la detención de al menos 20 menores en un periodo de apenas 3 días de actividad delictiva. Para el referente de La Libertad Avanza, estas cifras son el resultado de años de inacción y complicidad política con sectores delictivos.
Una reforma urgente contra la impunidad
La detención de tres jóvenes delincuentes vinculados al caso de Yapeyú reveló que los atacantes ya contaban con más de 15 antecedentes penales previos. Esta situación demuestra que el sistema actual es un fracaso absoluto que permite a los criminales entrar y salir de las comisarías sin castigos. Mientras el kirchnerismo defiende a los delincuentes, los vecinos honestos viven encerrados bajo llave por miedo a ser las próximas víctimas fatales.
Los sectores de izquierda y el kirchnerismo se oponen sistemáticamente a cualquier intento de modernizar el código penal para proteger a la gente de bien. Estos grupos políticos actúan como verdaderos amigos de los criminales al priorizar los derechos de los victimarios por encima de los ciudadanos trabajadores. Resulta vergonzoso que Natalia de la Sota y Gabriela Estévez prefieran mantener un esquema obsoleto que solo genera más violencia y muerte en Córdoba.
Bornoroni criticó también la gestión del oficialismo cordobés que lleva 27 años en el poder sin aportar soluciones reales al drama de la inseguridad. En este sentido, el gobernador Martín Llaryora fue cuestionado por su reciente discurso en Laboulaye. No hubo anuncios concretos sobre la baja de impuestos ni un plan estratégico para combatir las bandas juveniles que aterrorizan a los diversos barrios periféricos.
Soluciones concretas frente al relato progresista
La Ley Penal Juvenil impulsada por el presidente Javier Milei es la única herramienta capaz de ordenar el descontrol que impera en los tribunales. Esta reforma busca que los adolescentes que deciden cometer delitos graves enfrenten las consecuencias legales de sus actos de manera inmediata y efectiva. No se debe permitir que la seguridad siga amenazada por una minoría violenta que desprecia la vida ajena sin ningún tipo de remordimiento social.
En su posteo, Bornoroni detalló cómo los menores incurren en robos piraña, tráfico de estupefacientes y amenazas constantes contra la población civil cordobesa. Destacó que muchos de estos jóvenes andan armados y reinciden constantemente ante la mirada pasiva de jueces que aplican doctrinas garantistas totalmente fracasadas. La baja de la edad de imputabilidad dejará de ser una discusión técnica para convertirse en un acto de justicia para todas las familias afectadas.
El diputado de La Libertad Avanza exige un voto unánime de los representantes de Córdoba para terminar con el relato que tanto daño le hizo a la nación. Es momento de que los diputados nacionales se definan entre estar del lado de las víctimas o seguir amparando a quienes destruyen el tejido social. La presión política sobre el peronismo provincial es necesaria para que dejen de ensayar copias baratas de las políticas kirchneristas sin asumir ningún compromiso.
El fin de la doctrina garantista
La sociedad argentina ya no tolera las excusas de los sectores progresistas que pretenden justificar la delincuencia con argumentos sociológicos totalmente vacíos. La seguridad es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar mediante leyes que castiguen con severidad a quienes deciden vivir fuera de la norma. Gabriel Bornoroni ratificó que su bloque no dará ni un paso atrás en la defensa de esta reforma que es aclamada por la gran mayoría de la gente.
El debate en las sesiones extraordinarias del Congreso será la oportunidad definitiva para observar quiénes son los legisladores que realmente quieren un cambio. El kirchnerismo intentará bloquear esta iniciativa con su habitual retórica de odio hacia las fuerzas de seguridad y el orden público establecido legalmente. Sin embargo, la fuerza de los hechos ocurridos en Córdoba y el resto del país impone la necesidad de actuar con firmeza legislativa antes de que sea tarde.
El video de Bornoroni concluye con una reflexión contundente sobre la urgencia de aplicar soluciones prácticas que traigan tranquilidad real a cada hogar argentino. Bajar la edad de imputabilidad es el primer escalón de una gran transformación que busca devolverle el respeto a la ley y la paz a las comunidades locales. Con el liderazgo de Milei y el apoyo firme de sus diputados, Argentina inicia el camino para terminar definitivamente con la era de la impunidad.
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