A pesar de figurar como “fallecidas”, continuaban registradas como beneficiarias activas del CUD.
El Gobierno de Javier Milei informó que, en el marco de una auditoría interna, se detectó una grave irregularidad vinculada al sistema de asistencia para personas con discapacidad.
Según los datos oficiales, cerca de 180 mil personas que figuran como fallecidas continuaban registradas como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que encendió alertas dentro de la administración libertaria y abrió la puerta a posibles acciones judiciales.
El hallazgo surgió a partir de una revisión integral realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De acuerdo con la información oficial, se identificaron puntualmente 178 mil usuarios del CUD que estaban fallecidos, pero que aún figuraban como beneficiarios de la asistencia vinculada a ese certificado. La situación fue corroborada mediante el cruce de datos con las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo que depende del Ministerio del Interior.La detección de estas irregularidades se produjo durante el proceso de auditoría al que fue sometida la ANDIS tras cambios recientes en su conducción. El interventor Alejandro Vilches, sanitarista designado para reemplazar al exfuncionario Diego Spagnuolo, fue quien encabezó el proceso de revisión que permitió identificar los casos observados. Tras confirmar las inconsistencias, Vilches autorizó la baja de los certificados que correspondían a personas fallecidas.
En paralelo, dentro del Gobierno se evalúan posibles medidas legales a partir de los resultados de la auditoría. En la Casa Rosada analizan la posibilidad de judicializar no solo a quienes habrían hecho uso indebido de los beneficios asociados al CUD, sino también a los prestadores involucrados en la operatoria.
Desde el entorno oficial afirman que el volumen de casos detectados da cuenta de una maniobra sistemática que provocó un perjuicio económico significativo al Estado.
Una fuente con conocimiento directo de la investigación fue contundente al describir la situación detectada durante la auditoría. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, afirmó. En la misma línea, agregó: “Se van a cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores. La idea final que se está madurando es la posibilidad de avanzar legalmente contra los prestadores”.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita oficialmente la condición de discapacidad de una persona y habilita el acceso a distintas prestaciones y beneficios otorgados por el Estado. Entre ellos se incluyen coberturas de salud, transporte, asignaciones y otros programas de asistencia. El CUD es emitido por una Junta Interdisciplinaria, que evalúa cada caso de manera individual para determinar si corresponde la emisión del certificado.
Desde el Gobierno explicaron que el proceso de auditoría busca transparentar el sistema y garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. El cruce de información con el RENAPER fue clave para detectar que una cantidad significativa de certificados seguía activa pese a que sus titulares ya no estaban con vida.
La revisión de los registros forma parte de una política más amplia de control de padrones en distintas áreas del Estado, con el objetivo de eliminar irregularidades y posibles fraudes en la asignación de beneficios.
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