El Tribunal de Cuentas bonaerense dejó firme la multa contra la intendente de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, al confirmar que durante el ejercicio 2022 su gestión incurrió en irregularidades salariales y contables que vulneraron la normativa vigente.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó las sanciones aplicadas a la intendente de la municipalidad de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, como consecuencia de una serie de irregularidades detectadas en la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2022. El fallo, fechado el 4 de diciembre de 2025, rechazó el recurso de revisión presentado por funcionarios municipales y dejó firme la multa económica impuesta a la jefe comunal.
La resolución ratifica una multa de 110 mil pesos contra Gianini, en su carácter de intendente municipal, y de 80 mil pesos contra la contadora municipal, Vanesa Natalia Aguirre. Además, el Tribunal mantuvo las amonestaciones aplicadas a la tesorera municipal y a la jefe de Personal, entre otras sanciones a funcionarios alcanzados por el fallo original.
El núcleo de las observaciones formuladas por el organismo de control se vincula, en primer lugar, con el pago de remuneraciones bajo la figura de “adicional no remunerativo”, pese a tratarse de conceptos habituales y permanentes. Según el Tribunal, durante todo el ejercicio 2022 el municipio abonó sumas significativas bajo esa modalidad sin efectuar los aportes y contribuciones correspondientes al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, en abierta contradicción con la normativa vigente.
En ese punto, fue categórico al señalar que la legislación provincial establece que toda retribución regular percibida por los trabajadores debe ser considerada remunerativa, más allá de la denominación que se le asigne. La persistencia de este esquema salarial irregular derivó en un incumplimiento sostenido de las obligaciones previsionales, por lo que se asignó responsabilidad directa a la intendente y a la contadora municipal, en función de sus atribuciones y deberes legales.
Otro de los ejes centrales del fallo está relacionado con el uso y la administración de los fondos municipales. El Tribunal detectó inconsistencias entre los saldos contables declarados como de libre disponibilidad y los fondos efectivamente respaldados en las cuentas bancarias correspondientes. Si bien no se constató un faltante de dinero, el organismo de control advirtió que se vulneraron las normas que obligan a respetar la correcta afectación y registración de los fondos públicos.
Para el Tribunal, el manejo de cuentas bancarias sin una correspondencia clara con los saldos contables constituye una infracción a la ley Orgánica de las Municipalidades y a los reglamentos de contabilidad vigentes. Los descargos presentados por las autoridades municipales no lograron desvirtuar las observaciones formuladas, ya que no se acompañó documentación suficiente que acreditara la regularización de las diferencias detectadas.
En su voto, el vocal preopinante del Tribunal sostuvo que las explicaciones brindadas en el recurso de revisión no modificaron la situación verificada al momento de dictarse la sentencia original. Por ese motivo, propuso rechazar los planteos defensivos y confirmar íntegramente las sanciones impuestas, criterio que fue acompañado por la totalidad de los miembros del cuerpo.
El fallo también dejó constancia de que tanto la intendente como la contadora municipal cumplieron con el pago de las multas aplicadas, lo que no altera el fondo de la resolución ni atenúa el alcance político de la decisión. Lejos de tratarse de una mera cuestión administrativa, el pronunciamiento del Tribunal expone falencias estructurales en la gestión de los recursos públicos y en el cumplimiento de las obligaciones legales del municipio.
Con esta resolución, el Tribunal de Cuentas vuelve a colocar bajo la lupa el rol del intendente como principal responsable de la administración financiera del distrito. En el caso de Carlos Tejedor, el organismo dejó en claro que las irregularidades detectadas no pueden ser atribuidas exclusivamente a áreas técnicas, sino que comprometen directamente a la conducción política del municipio.
La decisión quedó firme y será comunicada al ministerio de Gobierno de la provincia y a la municipalidad de Carlos Tejedor, además de publicarse en el Boletín Oficial, consolidando así un antecedente que vuelve a poner en discusión la transparencia y el control en la gestión de los fondos públicos locales.
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