El gobernador de Mendoza respaldó el debate por la baja de la edad de imputabilidad, pero advirtió que la reforma no resolverá por sí sola la delincuencia juvenil.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó este miércoles su respaldo al debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad y a la eventual sanción de una nueva ley, aunque puso el acento en las consecuencias concretas que tendrá para las provincias, tanto en materia de seguridad como de recursos presupuestarios.
“No quiero que se generen expectativas de que por el solo cambio de la ley vamos a resolver problemas que son endémicos”, advirtió el mandatario al dialogar con la prensa. En ese sentido, sostuvo que la delincuencia juvenil responde a dinámicas complejas que no se corrigen únicamente con una modificación normativa.
Delincuencia juvenil y uso de la inimputabilidad
Cornejo señaló que existe un grupo reducido pero persistente de menores que ingresa muy temprano en circuitos delictivos y que actualmente no puede ser imputado penalmente. Según explicó, esa situación es aprovechada por organizaciones criminales.
“Es un cierto grupo de personas que caen en la delincuencia juvenil a muy escasa edad y que realmente no son imputables. Incluso hasta organizaciones criminales aprovechan esa inimputabilidad para cargarle delitos”, afirmó el gobernador.
Desde el Ejecutivo mendocino aclararon que la provincia acompaña la iniciativa, una postura que ya había sido expresada por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aunque sin una definición cerrada sobre la edad exacta a partir de la cual debería aplicarse la imputabilidad penal.
Sin definición sobre la edad y con mirada técnica
Consultado sobre si la edad debería fijarse en 13 o 14 años, Cornejo evitó tomar una posición definitiva. “No tenemos una opinión muy formada. Lo saben mejor quienes se dedican específicamente a eso”, señaló, dejando abierta la discusión técnica y legislativa.
La postura del gobernador se alinea con una visión pragmática: avanzar en el debate, pero sin simplificar una problemática que involucra aspectos sociales, judiciales y de seguridad pública.
Impacto en el sistema penitenciario y de infancia
Uno de los puntos centrales de la advertencia de Cornejo fue el impacto estructural que tendría la reforma en las provincias, especialmente en los sistemas de infancia, seguridad y penitenciario.
“Cualquier baja de la edad de imputabilidad incorporará a mucha más gente que hoy está en la tutela del Estado”, afirmó. En ese marco, precisó que en Mendoza hay alrededor de 80 jóvenes con condenas, pero más de 300 menores bajo tutela estatal que cometieron delitos graves sin estar privados de la libertad.
Según explicó, una modificación legal implicaría la incorporación de ese universo al sistema penal juvenil, lo que demandaría más infraestructura, más personal y mayor presupuesto.
Seguridad: resultados y límites de la ley
Para cerrar, el gobernador volvió a bajar las expectativas sobre una solución inmediata. “Quiero bajar la expectativa de que un mero cambio de ley pueda ser la solución”, reiteró.
Recordó además que Mendoza viene aplicando un plan de seguridad con resultados positivos en los delitos violentos, aunque reconoció que otros indicadores se mantienen estables, lo que refuerza la idea de que la reforma penal juvenil debe formar parte de una estrategia más amplia.
Derechadiario.com
