El proceso oral tratará presuntos sobornos y retornos en la obra pública entre 2003 y 2015.
Este jueves comenzó el juicio por la denominada Causa Cuadernos, una de las investigaciones más extensas sobre corrupción en la obra pública nacional. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 7 de Buenos Aires y se desarrollará bajo modalidad virtual debido a la cantidad de imputados. En el expediente figuran más de 80 acusados, entre ellos cuatro empresarios de relevancia con vínculos directos con Córdoba.
Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Juan Carlos de Goycoechea fueron procesados en su momento por el juez Claudio Bonadío. Los investigadores analizan presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y encubrimiento cometidos durante el período 2003-2015. La causa se originó en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, donde se habrían detallado entregas de dinero a exfuncionarios.
Los cuatro empresarios tuvieron participación en compañías vinculadas con obras de envergadura y contratos estatales durante las gestiones kirchneristas. Algunos admitieron pagos en concepto de “retornos” y otros negaron las acusaciones, atribuyéndolas a persecuciones judiciales. La fiscalía sostiene que existió un esquema de recaudación que involucraba a funcionarios y a contratistas del Estado.
Aldo Roggio y la herencia de un grupo centenario
Aldo Roggio, expresidente del Grupo Roggio, reconoció haber realizado entregas de dinero a funcionarios en el marco del sistema de subsidios al transporte. En calidad de arrepentido, afirmó que devolvía un porcentaje de esos fondos para garantizar la continuidad de las concesiones a su cargo. Su oferta de pago al Estado, por 1.875 millones de pesos, fue rechazada y su caso continúa incluido en el debate.
El empresario, de 81 años, ya no tiene participación en la conducción del holding, tras haber transferido sus acciones a sus hijos en el 2020. Su entorno considera que el proceso puede extenderse durante años, dada la magnitud del expediente y el número de imputados. La empresa como persona jurídica no está alcanzada por la causa, aunque su nombre aparece reiteradamente en los registros de investigación.
El Grupo Roggio, fundado hace 112 años, es una de las compañías más tradicionales del país y posee participación en transporte, servicios y construcción. Bajo la presidencia de Aldo Roggio, la firma operó en áreas clave como Metrovías y Aguas Cordobesas, entre otras. El empresario declaró que las presiones políticas hacían “imposible” rechazar exigencias de pago que se imponían para sostener los contratos vigentes.
Ferreyra, Acosta y De Goycoechea ante el tribunal
Gerardo Ferreyra, histórico directivo de Electroingeniería –hoy Eling SA–, figura entre los empresarios más relevantes en el expediente. Admitió haber realizado aportes durante los gobiernos kirchneristas, aunque los atribuyó a su identificación política y no a pagos ilegales. Junto a su socio Osvaldo Acosta, ya no integra la conducción de la empresa, que continúa activa en el sector energético.
Ferreyra ofreció 438 millones de pesos para llegar a un acuerdo judicial, propuesta que también fue desestimada por el tribunal. Acosta, en tanto, enfrenta imputaciones por cohecho activo y participación en una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos. En los registros aparece mencionado por haber accedido a contratos de obra pública mediante pagos indebidos a funcionarios nacionales.
El cuarto empresario cordobés involucrado es Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux Corsan Argentina, una multinacional energética con presencia en el país. De profesión abogado, ofreció junto a otros ejecutivos 1.600 millones de pesos para evitar el juicio, sin éxito. Su testimonio ante la fiscalía lo ubicó entre los arrepentidos que aportaron detalles sobre reuniones, traslados de dinero y mecanismos de recaudación.
El Tribunal Oral Federal 7 prevé un proceso extenso, que se desarrollará en etapas y con audiencias virtuales para facilitar la logística. La causa Cuadernos involucra a exfuncionarios, empresarios y dirigentes políticos, y constituye uno de los expedientes más voluminosos de la justicia argentina. Con este inicio, se abre una nueva fase judicial destinada a esclarecer uno de los capítulos más grandes de corrupción con la obra pública nacional.
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