El fallo reavivó las críticas a la gestión kirchnerista; la joven con cáncer que murió sin poder despedirse de su padre.
El caso que conmovió al país en plena cuarentena inconstitucional kirchnerista volvió a ocupar el centro de la escena judicial. El tribunal de Río Cuarto absolvió a José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y a Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto e integrante del COERegional, quienes estaban imputados por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público tras impedir que Pablo Musse ingresara a Córdoba para despedirse de su hija Solange, internada en estado terminal por un cáncer de mama.
La resolución fue categórica: Andrada fue absuelto por mayoría del jurado popular y Morales por unanimidad. La decisión, que marca el cierre de un proceso judicial cargado de audiencias con exfuncionarios, médicos, policías y autoridades sanitarias, dejó lágrimas e impotencia en el rostro del padre de Solange, que se retiró del tribunal visiblemente quebrado.
El 16 de agosto de 2020, en plena pandemia y bajo el peso de las restricciones impuestas por el gobierno del violento golpeador de mujeres, Alberto Fernández y avaladas por las autoridades provinciales de Córdoba, Pablo Musse intentó ingresar a la provincia por el puesto sanitario de Huinca Renancó. Lo acompañaba su cuñada, Paola Oviedo, con domicilio en Alta Gracia y con discapacidad motriz. Ambos contaban con permisos de circulación nacionales por “fuerza mayor” y un permiso de “regreso a casa” para Oviedo.
Sin embargo, carecían del resultado negativo de PCR con 48 horas de vigencia que Córdoba exigía para permitir el ingreso. A pesar de que se les realizaron dos test rápidos que luego fueron catalogados como falsos positivos, se ordenó su regreso inmediato a Plottier, Neuquén, bajo un polémico “encapsulamiento” escoltado por patrulleros.
El fiscal Julio Rivero sostuvo que tanto Andrada como Morales fueron responsables directos de la decisión. Recordó que el protocolo 48 contemplaba excepciones en casos de fuerza mayor y que Pablo Musse debió haber sido trasladado al Hospital de Río Cuarto para realizar allí el PCR.
“No solo se violaron derechos humanos elementales, también los de una persona con discapacidad”, advirtió en referencia a Oviedo. En su alegato, pidió un año y seis meses de prisión para los acusados, que Solange y su familia fueran reconocidos como víctimas de violencia institucional y la colocación de una placa conmemorativa en el límite sur de Córdoba.
“Ojo con eso de buscar responsabilidades hacia más arriba”, lanzó Rivero, dejando entrever las presiones políticas de una estructura que siempre evitó mirar a la Casa Rosada y al gobierno provincial.
La defensa de los acusados argumentó que ni Andrada ni Morales tuvieron responsabilidad directa, señalando que el operativo respondía a una cadena jerárquica mayor. A lo largo del juicio declararon exministros, médicos y miembros del COE, quienes justificaron la aplicación estricta de protocolos en un contexto de alta circulación viral y sin vacunas, aunque algunos admitieron que pudo haberse contemplado una excepción humanitaria.
El abogado querellante, Carlos Nayi, intentó ampliar las acusaciones, reclamando que Andrada fuera juzgado como coautor de abuso de autoridad y Morales por privación ilegítima de la libertad calificada. Sin embargo, sus pedidos no prosperaron.
Antes de la última audiencia, Pablo Musse ya había expresado su desconfianza en la Justicia: “No creo que haya justicia”. Tras el fallo, fue más duro: “Acá deberían estar desde Alberto Fernández hacia abajo en el banquillo de Tribunales, dando explicaciones”. Criticó además la falta de aplicación del protocolo de excepción en casos terminales: “Una decisión incorrecta que tomaron, más todo lo que sufrió Paola en el viaje de regreso por su discapacidad”.
La madre de Solange, en tanto, describió la experiencia como un retroceso doloroso: “Es como volver atrás de nuevo. Heridas que siguen sangrando. Aunque la justicia alivia, no cierra una herida”.
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