El Tribunal de Cuentas bonaerense sancionó al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y a su gabinete por un entramado de irregularidades financieras que incluyen depósitos sin registrar, contrataciones irregulares y la polémica constitución de plazos fijos en el Banco Galicia, operación que despierta fuertes sospechas de favores cruzados.
El intendente de municipalidad de Florencio Varela, Andrés Watson, quedó en el ojo de la tormenta tras un durísimo fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense, que acaba de publicar un análisis de la rendición del ejercicio 2020 y detectó un entramado de irregularidades, cuentas bancarias sin registrar, depósitos “fantasma” y contrataciones discrecionales. El resultado: multas para el jefe comunal y buena parte de su gabinete económico.
El intendente en la mira
Watson recibió una multa de 55 mil pesos por una serie de maniobras que van desde la constitución de plazos fijos en un banco privado –el Galicia, cuando la normativa obliga a hacerlo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires– hasta la cesión irregular de terrenos fiscales al Centro Tradicionalista Fortín “La Tropilla”, un conflicto judicial que terminó con condena contra el propio municipio.
En ese marco, llama poderosamente la atención la burda constitución de plazos fijos en el Banco Galicia, una maniobra expresamente prohibida por ley. En los pasillos políticos varelenses no pocos sugieren que detrás podría haber existido algún tipo de devolución de favores o beneficio paralelo, aunque esto es todavía materia de investigación. Lo cierto es que la operación, cuanto menos irregular, abrió la puerta a especulaciones sobre los vínculos financieros de la gestión Watson y dejó al descubierto la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
El Tribunal fue contundente: el intendente avaló operaciones que no solo contravinieron las normas financieras, sino que además dejaron al estado municipal en una situación de debilidad judicial frente a reclamos de la provincia.
Irregularidades millonarias
La investigación reveló un manejo desprolijo de las finanzas varelenses. Entre las observaciones más graves se destacan:
– Depósitos y débitos sin justificar: Se detectaron operaciones no respaldadas por documentación, incluyendo cheques nunca cobrados, transferencias sin comprobantes y débitos internos imposibles de rastrear.
– Cuentas paralelas: El municipio utilizó al menos una docena de cuentas corrientes, con movimientos por 9,9 millones de pesos en Mercado Pago que nunca fueron correctamente conciliados en la contabilidad oficial.
– Contrataciones sin sustento legal: La empresa Cicomsa SA fue beneficiada con contratos de telefonía sin que se acreditara que su propuesta era la más conveniente. Las facturas llegaban en montos globales, sin desglose de líneas ni consumos, lo que imposibilitó cualquier control real.
– Fondos mal colocados: Se constituyeron plazos fijos en Banco Galicia, cuando la carta orgánica del Banco Provincia obliga a que todos los activos municipales sean depositados en esa entidad.
Multas y responsabilidades compartidas
Watson no estuvo solo en la lista negra. El Tribunal sancionó también a su círculo íntimo en el manejo de la caja municipal:
– Mónica Raquel Ponce (secretaria de Hacienda): multa de 50 mil pesos.
– Eduardo Daniel Tellechea (tesorero): multa de 50 mil pesos.
– Gisella Elizabeth Primus (contadora): multa de 26 mil pesos.
– María Eva Martínez (contadora): amonestación.
– Karina Fernanda Santucho (tesorera): amonestación.
– Diego Hernán Trejo (secretario de Obras): amonestación.
– Christian Javier Rodríguez (secretario de Gobierno): llamado de atención.
En total, el fallo dejó al desnudo una cadena de desmanejos administrativos que abarcan desde la falta de documentación hasta la imposibilidad de justificar millones en movimientos bancarios.
Más allá de las multas –que en términos prácticos resultan simbólicas y hasta absurdas frente a los montos cuestionados–, el fallo del Tribunal de Cuentas volvió a exponer el talón de Aquiles de la administración Watson: un municipio en el que los controles son laxos, las cuentas no cierran y los contratos se reparten sin licitación ni transparencia.
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