El Tribunal de Cuentas bonaerense confirmó graves irregularidades en la gestión 2022 de la municipalidad de San Vicente, responsabilizó al intendente Nicolás Mantegazza por la subejecución de fondos clave, pagos irregulares y falta de controles internos, y ratificó multas económicas en su contra.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó una serie de irregularidades administrativas y financieras en la Municipalidad de San Vicente correspondientes al ejercicio 2022, y ratificó sanciones económicas contra el intendente Nicolás Mantegazza y otros funcionarios clave del ejecutivo local
La resolución, dictada tras rechazar el recurso de revisión presentado por el propio jefe comunal y la contadora municipal, expone subejecución de fondos con afectación específica, pagos salariales irregulares, falta de controles internos y omisiones graves en la investigación de hechos que generaron perjuicios económicos al municipio.
Fondos con destino específico que no fueron ejecutados
Uno de los puntos más delicados del fallo es la subejecución de recursos afectados, es decir, dinero que debía destinarse obligatoriamente a fines determinados por ley y que no fue utilizado durante el ejercicio 2022.
Entre los fondos observados se encuentran:
– Contribución Ciudadana: diferencia no ejecutada por 5.708.517,20.
– Fondo Educativo: 45.155.566,66 sin aplicar a los fines educativos previstos por la ley 15.310.
– Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales: 13.696.915,13 sin ejecución.
– Fondo FPS (tratamiento de residuos): 5.606.980,69 sin utilizar.
– Programa nacional Sembrar: 4.172.432,09 sin comprometer
El Tribunal fue categórico al señalar que la normativa vigente exige la afectación de porcentajes mínimos sobre los ingresos percibidos, algo que no ocurrió, más allá de los argumentos del ejecutivo local sobre una supuesta “gestión financiera prudente”.
Pagos salariales irregulares y falta de aportes
Otro eje crítico del fallo refiere al pago de sumas no remunerativas y no bonificables al personal municipal y del Honorable Concejo Deliberante de San Vicente, sin realizar los aportes correspondientes a los organismos previsionales y de salud.
Entre los conceptos cuestionados figuran:
– Pagos por guardias pasivas al personal de la Dirección de Sistemas.
– Un premio por asistencia y puntualidad al personal del Concejo Deliberante.
El Tribunal sostuvo que, al tratarse de conceptos habituales, correspondía realizar los aportes a Instituto de Previsión Social (IPS) e Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), lo cual no fue acreditado, responsabilizando no solo al intendente sino también al presidente del HCD, la contadora municipal y la directora de Recursos Humanos
Indemnizaciones por robos en el depósito municipal sin sumarios internos
El fallo también expone una reiterada omisión en la instrucción de sumarios administrativos tras robos de vehículos y autopartes secuestradas y alojadas en el depósito municipal.
En al menos tres casos, la municipalidad debió pagar indemnizaciones:
– 290 mil por el robo de una motocicleta.
– 158.400 por otro motovehículo sustraído.
– 140.440 por el robo de cubiertas de un automóvil.
En todos los expedientes, el Tribunal remarcó que no se iniciaron investigaciones internas para determinar responsabilidades, a pesar de que el municipio era depositario de los bienes, lo que configura una grave falla en los mecanismos de control y despierta suspicacias respecto al rol del ejecutivo en los hechos apañados.
El rol del intendente y las sanciones confirmadas
El Tribunal de Cuentas fue explícito al atribuir responsabilidad directa al intendente Nicolás Mantegazza, en su carácter de máxima autoridad administrativa y responsable de ordenar sumarios, ejecutar el presupuesto conforme a la ley y garantizar el correcto uso de los fondos públicos.
Como consecuencia, se resolvió:
– Confirmar la multa de 350 mil a Mantegazza.
– Ratificar la sanción de 180 mil a la contadora municipal Cynthia Cardozo.
Ambas sanciones quedaron firmes tras el rechazo del recurso de revisión, debiendo los funcionarios depositar los montos en la cuenta fiscal del Tribunal de Cuentas.
Un fallo que desnuda fallas estructurales
Lejos de tratarse de errores formales, el fallo describe un patrón de incumplimientos, donde la falta de ejecución de fondos sensibles, la opacidad en el manejo del personal y la ausencia de controles internos derivaron en perjuicios económicos y en sanciones inéditas para la conducción política del municipio.
La resolución deja abiertas preguntas políticas de fondo: ¿Por qué no se ejecutaron recursos destinados a educación, asistencia social y ambiente? ¿Por qué no se investigaron internamente hechos que costaron millones a los vecinos? ¿Quién se beneficia con la desidia administrativa reinante en San Vicente?
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