Ante la sorpresa de la oposición, Patricia Bullrich confirmó que la sesión del próximo 26 de diciembre solo tratará el Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal. Del mismo modo, confirmó la fecha del segundo llamado a sesiones extraordinarias en febrero.
Mientras la CGT llevaba a cabo la marcha en Plaza de Mayo, Patricia Bullrich se había reunido con Diego Santilli, Martín Menem y Javier Milei en Casa Rosada. De regreso al Senado, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta le ofreció a la oposición pasar a la firma el dictamen -sujeto a modificaciones-, pero se comprometió a llevarlo al recinto recién el 10 de febrero, en un segundo llamado a sesiones extraordinarias.
De esta manera, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado confirmó que la sesión extraordinaria del próximo viernes 26 de diciembre quedará abocada solamente al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y a Inocencia Fiscal. Ambas iniciativas obtuvieron la media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves.
En la segunda jornada de tratamiento informativo del proyecto de ley de Modernización Laboral entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a Trabajo y Previsión Social, los vocales presentes oyeron las posturas de los gerentes de plataformas digitales, quienes se manifestaron a favor del proyecto, y de trabajadores de moto, del universo cinematográfico y periodístico, en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.
Según supo parlamentario.com, tras la cumbre entre la senadora con el ministro del Interior, el titular de la Cámara baja y el presidente de la Nación en Balcarce 50 de este jueves, desde el Gobierno nacional coincidieron en que debían levantar el pie del acelerador para evitar la caída de artículos o capítulos, tal como ocurrió con el XI del Presupuesto 2026 durante esta madrugada en la Cámara baja.
Ante la consulta del jefe de bloque de Convicción Federal, Fernando Salino, Patricia Bullrich adelantó que el segundo llamado a sesiones extraordinarias irá desde el lunes 3 de febrero al viernes 27. Del mismo modo, aclaró que en ese lapso se llevará a cabo la sesión que trate la Modernización Laboral y la modificación a Ley de Glaciares.
En un clima diferente al del miércoles por la mañana, José Mayans volvió a elevar el reclamo del principal interbloque opositor y exigió que le asignen 7 vocalías y no 5 como le han otorgado hasta ahora. En relación al proyecto que el oficialismo decidió pausar hasta febrero, consideró que “nació torcido”.
Los nuevos oradores
A favor de la propuesta del Poder Ejecutivo, Nicolás Debernardi representante de la plataforma digital Pedidos Ya mencionó que tienen una flota de “3.000 ‘empleados’ en la Argentina con 45.000 comercios que venden sus bienes a través de la plataforma, con millones de transacciones por mes y un crecimiento del 20% en este 2025”.
Sobre el texto, que finalmente no irá al recinto este año, sino recién en febrero del 2026, consideró que “el desarrollo de la economía de plataformas es enorme”, y luego, incorporó: “Creemos que es esencial la sanción de este proyecto de ley porque despega las incertidumbres jurídicas con las que venimos lidiando en estos 15 años, y este proyecto recepta lo que el ecosistema quiere”.
En la banquina opuesta estuvo Marcelo Pariente de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, quien acusó a las plataformas digitales de “vulnerar” los derechos los trabajadores de aplicación. “Es mentira que nuestros compañeros tienen una libertad porque el algoritmo te condiciona y te categoriza de tal forma que si te desconectas te baja el ranking”, añadió.
En otro punto, pidió que el Senado rechace el proyecto de ley de Modernización Laboral, pero también cargó contra el sistema de estas start-ups: “Los conductores no gozan de los mismos derechos porque no podés discutir nuestro salario, ni el valor del viaje, y ponemos la moto, pero tenemos un convenio de trabajo y no lo cumplen”.
“Es mentira que los trabajadores no quieren temer derechos, porque en realidad los necesitan”, aseveró Pariente, quien remarcó que “estamos en contra, avanzar con este proyecto es eliminar la esperanza de los trabajadores de vivir mejor” porque “legaliza la vulnerabilidad y el fraude laboral”.
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