Fue durante un plenario de comisiones del Senado que se extendió a lo largo de toda la jornada y que además de especialistas contó con la presencia de dos gobernadores. El texto tuvo dictamen y quedó listo para llegar al recinto, pero eso será recién en febrero.
Durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado, continuó este jueves el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para modificar la Ley de Glaciares. El texto tuvo dictamen y quedó listo para llegar al recinto.
La iniciativa, presentada a pedido de gobernadores aliados a Casa Rosada y que administran provincias con interés en la industria minera, forma parte del temario de sesiones extraordinarias y si bien se le dio un tratamiento exprés en comisiones, recién será tratado en el recinto en febrero.
Tras escuchar a funcionarios del Poder Ejecutivo, este jueves expusieron un conjunto de especialistas en ambiente y también representantes de la industria minera, quienes dejaron plasmadas sus diferencias en torno a la cuestión. Varios legisladores les hicieron preguntas.
El debate continuó por la tarde con la participación de dos mandatarios provinciales detrás del proyecto: el sanjuanino Marcelo Orrego, de la “Mesa del cobre”, y el catamarqueño Raúl Jalil, de la “Mesa del litio”. Fue tras un breve cuarto intermedio, y en ese marco Orrego destacó la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial “en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas”, y defendió la necesidad de una ley de “protección mínima” que permita una correcta aplicación.
Jalil, por su parte, pidió evaluar integralmente el impacto ambiental, social y económico de la minería, y resaltó que en Catamarca el sector genera cerca de 3.000 empleos directos y unos 5.000 indirectos, lo que impulsa la economía provincial y diversifica su matriz productiva.
Finalmente, las comisiones firmaron dictamen y el proyecto quedó listo para su tratamiento en el recinto, previsto para el próximo 10 de febrero en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.
El debate arrancó por la mañana
Primer orador de la jornada, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, recordó que la Ley de Glaciares tiene 15 años y “lo que no ha desaparecido en estos 15 años, muy por el contrario se han agravado, son las causas que promovieron la ley, fundamentalmente la cuestión del cambio climático”.
“El proyecto propone una modificación por vía de la interpretación” pero “altera el espíritu de la ley”, observó y señaló que propone achicar la zona de protección, “porque avanza sobre los glaciares de escombro”; además de que “da vuelta el sistema de los presupuestos mínimos que establece la Constitución” y “no hay aclaración alguna de las definiciones”.
El expositor cuestionó que se plantee que “los glaciares tienen como única función la recarga de los acuíferos o las fuentes de agua, cuando tienen muchas otras funciones: ecosistémicas, climáticas, de preservación de la biodiversidad”.
Respecto del fundamento del proyecto oficialista de que las provincias tienen el “dominio originario” de los recursos naturales, Nápoli dijo que eso “no implica que las provincias puedan hacer cualquier cosa con los recursos naturales”, ya que de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional le corresponde a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, reza el texto de la Carta Magna.
En ese sentido, el representante de FARN criticó que “se quiere dejar la clasificación en manos de las provincias”, cuando “el constituyente quiso evitar el feudalismo ambiental”. “Esto es un tema para un debate constitucional, estamos hablando de mellar las bases del artículo 41 de la Constitución”, enfatizó.
Finalmente, advirtió que “es un proyecto regresivo” y la modificación de la ley “no se puede hacer a los golpes, es un tema muy serio”. “La Ley de Glaciares no necesita reformarse, necesita cumplirse”, afirmó.
A su turno, José Esaín, de Aves Argentinas, explicó que la iniciativa propone “transformar el inventario, haciendo una suerte de clasificación de los componentes del inventario” con el objetivo de “legitimar la intervención de las autoridades locales”.
“Pasaría a ser un inventario de concertación federal, ya no sería nacional”, apuntó y dijo que la participación de las provincias en este punto “es un debate oscuro, que no estaba resuelto en la ley original y no se termina de resolver en esta ley”.
Pedro Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales destacó el trabajo realizado por este instituto del Conicet, que es el “encargado de la realización del inventario y del monitoreo del Estado de los glaciares y el ambiente periglacial”. “La metodología de elaboración del inventario fue elogiado en distintos niveles internacionalmente”, destacó.
Explicó luego que “el ambiente periglacial, definido por la presencia de congelamiento y descongelamiento del suelo, representa la reserva de hielo subterránea conservada por largos períodos”. “Los glaciares de escombro, que son parte del ambiente periglacial, contienen entre un 35% y 75% de hielo en su interior, y por lo tanto constituyen reservas hídricas”, agregó.
“No encuentro en la iniciativa ninguna mención al criterio o la metodología que debería utilizarse para decir cuándo un glaciar pudiera no cumplir con la función inherente”, subrayó Villagra.
Hernán Casañas, de Aves Argentinas, arrancó aclarando: “No somos una organización anti-minera ni mucho menos. Pareciera que siempre de nuestro lado viniera el palo contra la actividad industrial y no es así”.
Sobre la iniciativa, aseguró que “en líneas generales la modificación es jurídicamente débil”. “Los glaciares son ecosistemas extremadamente complejos. Un glaciar no es solamente una masa de hielo que alimenta un río que le va a dar agua a una población. Son redes muy complejas que, por ejemplo, alimentan pastizales, humedales”, ponderó.
Casañas advirtió que “pretender flexibilizar esta ley no va a atraer inversión. Vean lo que la OCDE pretende a nivel ambiental. Las empresas serias no invierten donde las condiciones pueden cambiar mañana”.
Otra de las oradoras, que al cerrar su intervención posó con un cartel, fue Agostina Rossi, de la organización Greenpeace, quien remarcó que “todos los glaciares y ambiente periglacial tienen una función hídrica estratégica; no nos dejemos convencer con que hay cosas que sirven y cosas que no sirven”. “Cuando no hay nieve, cuando no llueve, cuando los glaciares retroceden, el ambiente periglacial se convierte estratégico”.
“Una vez que se destruye un glaciar o periglacial, eso no vuelve”, señaló la activista, quien sostuvo que la discusión no es por “minería sí o minería no”, sino que dicen “minería no sobre nuestras reservas estratégicas”. De hecho, indicó que la minería “se está desarrollando y trayendo mucho rédito”.
Desde la industria minera defendieron la actividad y la propuesta del Gobierno
De la docena de expositores que asistieron, solo dos lo hicieron en representación de la industria minera. Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, defendió que “la minería viene de la época de las cavernas, es una actividad milenaria”. “Hoy hay no solo un compromiso de las empresas, sino que las comunidades están hoy participando de lo que es la actividad y con un fuerte deseo de que se desarrolle”, observó.
“Desde nuestro sector estamos completamente comprometidos con el objetivo de proteger los glaciares y los ámbitos periglaciares, en tanto y en cuanto se constituyan como una reserva estratégica de agua”, aclaró y dijo que “la ley actual tiene una serie de indefiniciones y esta adecuación que se está proponiendo viene a perfeccionar, a mejorar”.
Vitaller resaltó que “el inventario tenía tres etapas” y solo se cumplió la primera; “faltan dos, que son el relevamiento más propio de campo”. Por otra parte, respecto de la intervención de las provincias, manifestó: “¿Quién mejor que ellos para cuidar sus recursos? Esta ley les está devolviendo la potestad que les da la Constitución”.
“La ley como está actualmente ha producido que no vengan inversiones”, aseveró y destacó: “Nosotros traemos inversión genuina, traemos dólares, con eso generamos trabajo, generamos desarrollo de proveedores”. “Tenemos alrededor de 6 mil millones de dólares aprobados por el RIGI, hay comprometidos 15 mil más y la semana pasada se sumó otro proyecto de 10 mil. Es decir que la industria se está comprometiendo a traer 30 mil millones de dólares”, agregó.
Finalmente, opinó que “la ley (actual) tiene zonas que deberían mejorarse, por eso apoyamos la adecuación. Esto va a eliminar la incertidumbre y va a permitir el desarrollo”.
En tanto, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, señaló que “no cabe ninguna duda que nosotros somos obsesivos de lo que son los glaciares argentinos y su zona periglacial, y así debe ser”, pero “la ley tiene cuestiones necesariamente a aclarar, como la definición de periglaciares”.
“Es cierto que el cambio climático no es un relato”, admitió, pero dijo que “el inventario ha quedado en el tiempo por la variabilidad del ambiente en el mundo, no solo en Argentina”. “En la zona de periglaciares no hay industria y a pesar de eso bajó un 23%, ahí no tuvimos nada que ver los industriales”, completó.
