Entre denuncias de contaminación, falta de inversión, servicios colapsados y una oscura historia de corrupción, Aguas Bonaerenses SA se encuentra al borde del abismo. El gobierno de Axel Kicillof tuvo que asistirla con un préstamo para cubrir gastos operativos básicos.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó en las últimas horas el decreto 2727/2025, mediante el cual el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, ordenó la transferencia de 23.000 millones de pesos a la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA). El dinero será girado en tres cuotas: 5.000 millones en octubre, 6.000 millones en noviembre y 12.000 millones en diciembre, con el objetivo de cubrir los costos operativos más urgentes y evitar la interrupción del servicio.
Fuentes del propio ministerio reconocen que el auxilio económico fue indispensable para impedir el colapso de la prestataria. “ABSA no llegaba a pagar los sueldos ni a mantener operativos los pozos y plantas potabilizadoras”, confiaron a este medio.
Hoy, todos los ojos se posan en el cuestionable desempeño del organismo que conduce Hugo Antonio Jorge Obed. Debajo de él se acomoda una extensa y desconocida nómina de autoridades bien pagas: Fernando Gabriel Coronel (vicepresidente) Esteban Gonzalo Spivak, Jorge Alberto Paredi, Héctor Hugo Domínguez (directores titulares), Jorge Raúl Ruesga, Daniel Roberto Guastavino, Claudio Marcelo Crissio (comisión fiscalizadora) y Rubén Darío Acha (gerente General).
Una empresa estatal en coma financiero
ABSA fue creada en 2002, luego del retiro de la multinacional Azurix, con la intención de “provincializar” la prestación del servicio de agua y cloacas. Sin embargo, desde sus inicios se convirtió en un ejemplo de ineficiencia estructural, manejo político y desinversión crónica.
Con mayoría accionaria estatal (90 por ciento) y participación del Sindicato Obras Sanitarias (10 por ciento), la empresa acumula dos décadas de déficits, subsidios y denuncias por corrupción, irregularidades contractuales y contaminación ambiental.
La historia reciente muestra que los rescates económicos son una constante: en enero de 2024, la gestión de Kicillof ya había otorgado 12.000 millones de pesos en asistencia. Y antes, en 2020, se habían girado otros fondos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
El agua que no se puede tomar
Un categórico informe de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) reveló que la cobertura de agua y cloacas en la capital bonaerense retrocedió en los últimos doce años. Mientras la población creció un 16 por ciento, la red de agua potable se redujo un 3,6 por ciento y la de cloacas un 2,5 por ciento.
Más de 40 mil hogares no están conectados a la red ni poseen cámaras sépticas, lo que equivale a “setecientos camiones atmosféricos vertiendo desechos sin tratamiento” diariamente, según los investigadores.
El estudio también advirtió que el agua en amplias zonas del Gran La Plata presenta niveles de contaminación que la hacen no apta para consumo humano, debido a la falta de mantenimiento de los pozos y la obsolescencia de la planta potabilizadora de Punta Lara.
Crisis ambiental: ABSA bajo la lupa judicial
La situación ambiental es alarmante. La Justicia investiga a ABSA por el vuelco de efluentes cloacales sin tratar al Río de la Plata, a la altura de Berisso. Vecinos y organizaciones no gubernamentales denunciaron un colapso total de la planta de tratamiento, con descargas directas al río y consecuencias graves: aparición de peces muertos, olores nauseabundos y niveles de bacterias fecales fuera de toda norma.
La empresa reconoció el problema, pero no brindó fechas para las obras de reparación. La falta de transparencia alimenta la desconfianza y la indignación social.
La política y los negocios detrás del agua
El presente de ABSA es el resultado de una larga cadena de manejos opacos. Durante el gobierno de Daniel Scioli, la firma fue dirigida por Guillermo Scarcella, denunciado por Elisa Carrió como presunto testaferro del exgobernador. A su vez, las operaciones fueron tercerizadas en empresas vinculadas al gremio SOSBA, como 5 de Septiembre SA y General Saneamiento SA, ambas acusadas de fraude con facturas apócrifas y contratos renovados sin licitación.
Figuras mediáticas como Marcelo Salinas —exmarido de la vedette María Eugenia Ritó— aparecen mencionadas en esos entramados, junto al empresario Eduardo Gutiérrez (Grupo Farallon Desarrollos Inmobiliarios SA), vinculado al escándalo de los bolsos de José López. En paralelo, la empresa fue condenada judicialmente por tarifazos ilegales, presencia de arsénico en el agua y falta de cumplimiento de fallos que la obligaban a devolver dinero a los usuarios.
Vecinos, oposición y defensoría en pie de guerra
Las quejas por cortes, baja presión y agua turbia se multiplican en toda la provincia. Con la tibieza de un aliado peronista, la defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que conduce Guido Lorenzino le exigió a ABSA informes sobre los cortes. De igual manera, la oposición aliada al alakismo, encabezada por el radical Pablo Nicoletti, reclamó sin demasiada insistencia un plan de contingencia con camiones cisterna y tanques de reserva.
“Es inconcebible que en pleno siglo XXI haya barrios enteros sin agua potable”, denunció Nicoletti. “La provincia no puede seguir tapando agujeros financieros sin exigir resultados”, dijo en redes sociales.
Un modelo agotado
Aguas Bonaerenses SA se ha convertido en un símbolo del fracaso estatal en la gestión de servicios públicos esenciales. A pesar de los tarifazos, los subsidios y las promesas, el agua sigue siendo turbia, las cloacas colapsan y los vecinos pierden la paciencia. En ese marco, muchos se preguntan qué hace Hugo Obed con la enorme caja que administra.
Mientras tanto, el gobierno provincial sigue girando miles de millones para evitar su caída, en un ciclo sin fin de improvisación, corrupción y decadencia institucional. El salvataje de 23.000 millones de pesos apenas permitirá patear la crisis unos meses más. Con suerte, hasta que el próximo gobierno asuma y el organismo le explote en las manos. Para entonces, ABSA dejará de ser un problema para Kicillof.
Realpolitik.com
