Entre los imputados figuran exfuncionarios del macrismo, empresarios del agro y hasta el actual titular de la SIGEN
El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a 26 exdirectores del Banco Nación y de la agroexportadora Vicentin. El expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita tras cinco años de investigación, apunta a un presunto fraude por US$260 millones, mediante la concesión de créditos irregulares a la empresa agroindustrial.
Entre los nombres de mayor peso aparecen el expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga, y su entonces vice, el economista radical Lucas Llach. Ambos habrían sido parte de la operatoria que, entre agosto y diciembre de 2019, permitió a Vicentin acceder a préstamos aun cuando ya acumulaba deudas millonarias, había perdido su calificación crediticia y estaba al borde del default.
Por el lado de la empresa, la Justicia citó a los principales referentes de Vicentin: el expresidente Daniel Buyatti, el exvice Alberto Macua, el exapoderado Herman Vicentin, junto a Roberto Vicentin, Martín Colombo y Máximo Padoan, todos integrantes de la cúpula que llevó a la compañía a la cesación de pagos en 2019.
De acuerdo con la fiscalía, la operatoria incluyó la liberación de garantías, la entrega de nuevos préstamos por más de US$105 millones, simulaciones de planes de cobro que favorecieron la falta de pago, y el desvío de fondos hacia el exterior. Al menos US$16 millones habrían sido enviados a cuentas en paraísos fiscales, mientras otra porción del dinero se camufló a través de facturación apócrifa por casi $223 millones.
El fiscal Pollicita fue categórico: los funcionarios del Banco Nación “se apartaron deliberadamente de la conducta debida para beneficiar a los empresarios, en claro perjuicio del Estado”.
El tribunal calificó los hechos como de “gran complejidad”, no solo por el volumen del dinero en juego, sino también por el peso político y económico de los involucrados. No es menor que Vicentin fuera el mayor cliente privado del Banco Nación, con una línea de crédito que representaba un riesgo sistémico para la entidad pública.
Las indagatorias se desarrollarán entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre, con la expectativa de que finalmente se determinen las responsabilidades en uno de los fraudes más resonantes de los últimos tiempos, donde se entremezclan intereses políticos, empresarios y la siempre polémica actuación del Poder Judicial.
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