La gestión del gobernador Axel Kicillof navega en la deriva de una administración deficiente que hace tiempo comenzó a devorarse a sus víctimas. Al momento, serían más de cien empresas proveedoras del estado provincial que no logran cobrar los trabajos y se verían forzadas a aceptar bonos. Los amigos del poder, ilesos.
La crisis financiera del gobierno de Axel Kicillof ya no solo se mide en cifras de deuda o en presupuestos prorrogados: se siente en la vida diaria de cientos de empresas proveedoras que realizaron trabajos, entregaron bienes o prestaron servicios al estado, y hoy esperan, con desesperación, cobrar lo que les corresponde.
El mecanismo es conocido: el gobierno provincial convoca a licitaciones de obra pública, mantenimiento, limpieza, racionamiento de alimentos o provisión de insumos. Las empresas compiten, ganan, cumplen con sus obligaciones y entregan el servicio. Pero cuando llega la hora del pago, la rueda se traba. Las facturas vencen, las deudas se acumulan y, en muchos casos, el dinero nunca aparece.
Una deuda histórica que bate récords
Si bien el atraso en los pagos estatales no es una novedad en territorio bonaerense, la actual gestión de Axel Kicillof viene batiendo récords en la demora. Lo que antes podía resolverse con paciencia y algún trámite extra, hoy se ha transformado en un callejón sin salida para empresas medianas y pequeñas que no logran sostener su capital de trabajo.
Según Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), “actualmente hay atrasos, como siempre. Esta gestión tiene, además, la problemática de que registran más gastos que ingresos, por consiguiente seleccionan a quienes le paga”.
La acusación es grave: mientras algunos proveedores cobran, otros quedan al margen sin explicación clara. En un mismo rubro, e incluso en una misma obra, hay compañías que perciben sus pagos y otras que siguen esperando.
Salud: “Cobrarán cuando Dios lo disponga”
El caso del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Nicolás Kreplak, se convirtió en un símbolo del desorden. Allí, las respuestas informales a los reclamos de los proveedores son casi un insulto: “Cobrarán cuando Dios lo disponga”. Una frase que refleja el nivel de improvisación y malestar que predomina en las oficinas provinciales.
En otras carteras, la demora promedio supera los siete meses. Plazos que resultan imposibles de afrontar para empresas que dependen de financiamiento, tienen personal en blanco y deben sostener costos crecientes.
Bonos en lugar de pagos
Ante la magnitud del problema, la administración provincial anunció la emisión de bonos como mecanismo de cancelación de deuda, especialmente para proveedores de obra pública. Se trata de títulos a dos años, con tasa BADLAR, que establecen un año de gracia y un esquema de amortización trimestral.
En la práctica, es una licuadora financiera: el estado difiere su responsabilidad, mientras los proveedores deben buscar bancos que acepten esos bonos con un descuento importante. Para muchos, significa cobrar muy por debajo de lo que facturaron.
Los números detrás del colapso
El ejecutivo bonaerense insiste en que la situación es difícil, pero “no desesperante”. Sin embargo, la realidad indica otra cosa:
– Presupuesto prorrogado: la Legislatura no sancionó un nuevo presupuesto en 2024, por lo que sigue vigente el de 2023, totalmente desfasado de la inflación real.
– Recaudación trabada: la falta de una nueva ley Impositiva frenó la emisión de boletas y, por ende, la entrada de recursos frescos.
– Coparticipación destinada a gasto corriente: según CEPBA, los fondos que llegan de Nación se usan para pagar sueldos, no para obra pública ni provisiones.
El costo humano y empresarial
Más allá de los balances, el costo se mide en historias concretas: empresas constructoras al borde del cierre, pymes que ya no pueden pagar sueldos, trabajadores precarizados que viven de horas extras que no se liquidan.
El caso del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) es un ejemplo extremo: algunos de sus empleados aún no cobraron las horas extras de abril, un retraso que desató amenazas de retención masiva de tareas. “Es vergonzoso lo que está haciendo este señor, es inhumano”, denunció una trabajadora.
La administración de Axel Kicillof enfrenta un dilema que se agrava día a día. Sin crédito fresco, con la recaudación en crisis y con un presupuesto vencido, el estado provincial parece haber trasladado sus problemas financieros a quienes menos margen tienen: los proveedores.
Ellos, que sostienen comedores, cárceles, hospitales, escuelas y obras viales, hoy se ven obligados a ser prestamistas involuntarios del gobierno. Una provincia que debe, promete y demora, pero que no paga.
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