Ambos sindicalistas enfrentarán acusaciones por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal”.
Dos sindicalistas de Misiones serán llevados a juicio, acusados de provocar un grave caos y generar disturbios. Se trata de Mónica Gurina, figura controvertida de la CTA Autónoma y de UTEM—conocida por su estilo conflictivo y comparada por muchos con una versión misionera de Baradel—y Leandro Sánchez, quienes encabezaron los bloqueos que dejaron rutas colapsadas durante días, afectando la circulación y el normal desarrollo de la actividad diaria. Sus acciones no solo intensificaron la tensión social, sino que también provocaron serios perjuicios para miles de misioneros que quedaron atrapados en medio del conflicto.
El Juzgado Correccional y de Menores N.º 6 de Posadas fijó el juicio para el 25 al 28 de noviembre, luego de suspenderse la audiencia prevista en octubre. Con esta reprogramación, la Justicia decidió avanzar sobre la causa derivada de los cortes encabezados por Gurina y Sánchez, acciones que generaron un verdadero caos en las rutas, complicaron la vida cotidiana de miles de personas y ocasionaron importantes perjuicios económicos para quienes perdieron jornadas completas varados o imposibilitados de trabajar debido a los bloqueos.
Ambos sindicalistas enfrentarán acusaciones por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal”, un encuadre penal que apunta directamente al incumplimiento de órdenes judiciales y a la interrupción prolongada del tránsito en rutas estratégicas. La causa los coloca en una posición delicada mientras se acerca la instancia oral.
La presencia de Gurina y Sánchez en el banquillo vuelve a exhibir el impacto que tuvieron sus acciones al frente de las protestas. Su estilo de confrontación permanente, sumado a decisiones que derivaron en cortes prolongados y en la paralización casi total de rutas clave, los instaló como dirigentes cuya metodología de presión suele romper cualquier canal de negociación y arrastra consecuencias directas para miles de trabajadores, estudiantes y conductores misioneros.
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