El gobernador bonaerense autorizó el procedimiento abreviado 594-15178-PAB25 para contratar una colonia de vacaciones durante enero y febrero de 2026. El servicio funcionará apenas treinta y ocho días —sólo de lunes a viernes— pero costará 68.283.720 pesos.
En medio de una de las peores crisis financieras que atraviesa la provincia de Buenos Aires —con recortes, endeudamientos en alza y paritarias prácticamente congeladas— el gobernador Axel Kicillof decidió dar “luz verde” a una contratación que no pasó desapercibida: una colonia de vacaciones para el funcionariado del estado, valuada en nada menos que 68.283.720 pesos.
El trámite, registrado bajo el procedimiento abreviado 594-15178-PAB25, tiene como objeto la prestación de un servicio recreativo durante los meses de enero y febrero de 2026. El detalle más llamativo aparece cuando se revisa el pliego licitatorio: lejos de contemplar un servicio intensivo, la colonia funcionará solamente de lunes a viernes, desde el 5 de enero al 27 de febrero. En total, treinta y ocho días exactos. La aritmética marca que el gobernador gastará, al menos, 1.8 millones de pesos diarios. No sólo ello, sino que además el pliego anticipa la posibilidad de poder aumentar el servicio en un 100 por ciento. Todo para que un selecto y reducido grupo de hijos de funcionarios de la gestión kirchnerista disfrute del verano mientras la provincia acumula deudas, recortes y reclamos.
Una práctica que se repite: cuando las colonias cuestan más que las escuelas
Lo que ocurre no es una excepción. Por el contrario, parece casi una tradición bonaerense que, sin distinción de signo político, los gobiernos inviertan sumas exorbitantes en colonias de verano para hijos de funcionarios y empleados selectos mientras el resto de los mortales debe pagarlos de su propio pecunio sin ningún tipo de asistencia estatal.
El antecedente de Jorge D’Onofrio
El caso más cercano es el del exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, recientemente sancionado por el Tribunal de Cuentas por irregularidades administrativas, gastos recreativos sin autorización normativa y contrataciones directas inválidas.
Entre las observaciones más serias aparece la contratación de colonias para hijos de funcionarios y empleados, con pagos de 9,4 millones de pesos en 2023 y más de 26 millones para el verano siguiente. El Tribunal fue contundente: ese tipo de erogaciones no está contemplado en la ley 10.430 y no pueden justificarse bajo ninguna categoría funcional. Resultado: multas, cargos resarcitorios y un fallo que expuso un manejo temerario de fondos públicos.
El OPDS y la colonia para militantes
Otro ejemplo fue el del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), durante la gestión de Juan Brardinelli. A pesar de estar cuestionado por su “abrumadora inoperancia” y por haber convertido el organismo en un depósito de militantes sin tareas definidas, la prioridad de la gestión fue contratar una colonia gratuita para los hijos de funcionarios: 4.331.430 pesos para ochenta y cinco participantes.
En un contexto de hacinamiento, carencia de equipamiento y reclamos laborales, la colonia figuró entre los pocos “logros” visibles de la gestión.
Vidal también cayó en la tentación
Ni siquiera la administración de María Eugenia Vidal escapó a esta lógica. En 2017, el entonces director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, destinó 8,4 millones de pesos —más una eventual ampliación del 20 por ciento— para una colonia de vacaciones de setentaiún días. El costo final superaba los 9.200 pesos por niño, más del triple del promedio de entonces en una colonia estatal.
Un gasto que, en aquel momento, ya resultaba desproporcionado, pero que hoy —actualizado a valores presentes— sería un verdadero escándalo presupuestario.
Un patrón difícil de disimular
La nueva contratación aprobada por Kicillof parece insertarse sin problemas en este historial: colonias millonarias en un territorio donde los docentes reclaman salarios dignos, los hospitales no dan abasto y las cuentas públicas tiemblan.
Mientras la provincia aplica tarifazos, posterga pagos, pide endeudamiento y advierte sobre un panorama fiscal crítico, la decisión de destinar casi 1,8 millones diarios a una colonia estival parece, cuanto menos, un gesto de desconexión con la realidad social y presupuestaria.
Con este nuevo contrato, la administración bonaerense vuelve a demostrar que, aun en épocas de crisis, ciertos privilegios permanecen intactos. El ciudadano común encuentra cada vez más difícil acceder a una colonia para sus hijos. Pero en la provincia, aun cuando los recursos escasean, siempre hay millones disponibles para financiar vacaciones oficiales.
Una postal que se repite verano tras verano y que, por lo visto, seguirá vigente mientras nadie se anime a discutir el verdadero costo de estos “beneficios” financiados por todos.
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