Por las restricciones durante la pandemia por el coronavirus, a Pablo Musse le negaron el ingreso a la provincia de Córdoba. Los acusados son juzgados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Este lunes comenzó el juicio contra dos ex integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Huinca Renancó, en Córdoba, por la denuncia realizada por Pablo Musse, el padre de Solange Musse, a quien se le impidió ingresar a la provincia para despedirse de su hija que murió por cáncer de mama, en época de restricciones por la pandemia de coronavirus.
Los acusados son Eduardo Javier Andrada y Analía Elizabeth Morales. El primero de ellos es médico y ex director del Hospital de Huinca Renancó, quien presidía el COE local. Se lo acusa de no aplicar excepciones humanitarias previstas en el Protocolo 48 y el Decreto 297/2020, que permitían ingresos en casos urgentes como el de una hija terminal.
En tanto, Morales es asistente social del hospital de Río Cuarto, con supuestas funciones en el COE de Huinca Renancó, pero asegura ser inocente y no tener responsabilidad en el caso ya que aparentemente trabajaba en otra ciudad y no conocía el lugar.
Ambos imputados están acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el episodio ocurrido en 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y las estrictas medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
El abogado querellante, José Nayi, dijo que los acusados podrían recibir prisión condicional y una inhabilitación para ejercer cargos públicos pero no irían a la cárcel.
En tanto, Morales es asistente social del hospital de Río Cuarto, con supuestas funciones en el COE de Huinca Renancó, pero asegura ser inocente y no tener responsabilidad en el caso ya que aparentemente trabajaba en otra ciudad y no conocía el lugar.
Ambos imputados están acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el episodio ocurrido en 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y las estrictas medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
El abogado querellante, José Nayi, dijo que los acusados podrían recibir prisión condicional y una inhabilitación para ejercer cargos públicos pero no irían a la cárcel.
Cronica.com
