En tratamiento por cáncer, una trabajadora del hospital Ramón Carrillo denunció violencia laboral y maniobras para dejarla sin sueldo, y apuntó contra la conducción sanitaria bonaerense y el armado político de La Cámpora.
Con 43 años de servicio, una técnica del hospital Ramón Carrillo denunció maltratos, acoso y el intento de darle de baja el sueldo mientras atraviesa un tratamiento oncológico. Apunta contra la conducción hospitalaria, Recursos Humanos y el esquema político que responde a Nicolás Kreplak.
Mientras el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se presenta como garante de derechos y políticas inclusivas, una denuncia explosiva expone el costado más oscuro de su funcionamiento interno. Nilda Matilde Astorga, técnica del área de Estadísticas del hospital Ramón Carrillo, con más de cuatro décadas de servicio, denunció haber sido víctima de violencia laboral, humillaciones sistemáticas y maniobras administrativas para dejarla sin haberes mientras atraviesa un tratamiento por cáncer de mama.
La acusación no se limita a un conflicto personal. Astorga señala directamente a la conducción del hospital y al entramado político que, según afirma, responde a La Cámpora, organización con fuerte presencia en la estructura sanitaria bonaerense bajo la órbita del ministro Nicolás Kreplak.
“La gente que entró nombrada por La Cámpora está ocupando los lugares de la gente que está nombrada de ANAS”, afirma en un video al que tuvo acceso REALPOLITIK, en referencia a la Administración Nacional de Salud. Y agrega: “Estoy sentada al lado de la puerta del baño, sin tarea ni función. Me mandan ahí a las mucamas, a la gente de vigilancia. Es una humillación constante”.
Licencia médica, cáncer y una baja “ilegal”
La situación se agrava al revisar la documentación oficial. Astorga cuenta con licencia médica vigente por tratamiento oncológico, avalada por certificados médicos, junta médica y la normativa de la Ley 10.430, que suspende cualquier proceso de jubilación o cese de oficio.
Sin embargo, según denunció formalmente ante el gobierno de Axel Kicillof y luego en sede policial, desde Recursos Humanos se avanzó igualmente con una baja de haberes y el intento de forzar su jubilación: “Me acerco al ministerio de Salud y me dicen que estoy dada de baja por una resolución que mandó Recursos Humanos”, relata. “El señor Rofredo me obligaba a firmar para iniciar la jubilación, a pesar de estar con licencia médica por cáncer”.
La gravedad del episodio escaló cuando, tras recibir la notificación informal de su baja, Astorga se descompensó dentro del propio ministerio, cayó desmayada y debió ser asistida por personal médico. El hecho consta en su presentación formal.
Denuncia penal y acusaciones de acoso
El 11 de abril de 2025, Astorga radicó una denuncia penal en la comisaría de Tres de Febrero 2ª, donde dejó asentado el maltrato verbal reiterado por parte del jefe de Recursos Humanos, Diego Rodfreo, quien se habría negado a recibir certificados médicos y la habría increpado “a viva voz”.
“Desde el primer día que volví a trabajar, el señor Rodfreo tuvo maltrato verbal contra mi persona”, consta en el acta policial.
Pero el señalamiento va más allá de nombres individuales. En su testimonio público, Astorga denuncia un esquema de irregularidades internas: “Dentro del hospital es todo una irregularidad. Los maridos de las directoras no van a trabajar y cobran. Algunos están en otro país y perciben el sueldo”. También apunta contra el director del hospital: “El doctor (Adrián) Tarditti es un maltratador. Tendría que tener un poco más de sentimiento y no ser tan cruel con la gente”.
La política detrás del destrato
El trasfondo político aparece como eje central de la denuncia. Astorga sostiene que el vaciamiento de funciones y el hostigamiento se explican por la llegada de cuadros militantes vinculados a La Cámpora, desplazando personal de carrera. “Nunca falté, nunca robé, tengo 43 años de servicio. Hoy me amenazan con que no voy a cobrar el sueldo”, resume.
El caso deja al descubierto una pregunta incómoda para la gestión de Axel Kicillof y su ministro de Salud: ¿Hasta dónde llega la protección política a funcionarios y estructuras que, amparadas en el poder, avanzan sobre trabajadores enfermos?
Mientras el discurso oficial habla de derechos, una empleada con cáncer denuncia persecución, violencia institucional y abandono estatal. Y la acusación no es menor: cuando la militancia se convierte en sistema de control interno, el costo lo pagan los más vulnerables.
Realpolitik.com
