El documento de 1813 prueba que Buenos Aires ejercía autoridad sobre Malvinas antes de la ocupación británica de 1833.
Un documento inédito de comienzos del siglo XIX volvió a sacudir el debate histórico sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Se trata de una solicitud formal presentada el 30 de enero de 1813 por un capitán británico ante las autoridades de Buenos Aires. La carta reconoce explícitamente la jurisdicción de las Provincias Unidas del Río de la Plata sobre el archipiélago.
El hallazgo, conservado en archivos oficiales, constituye una prueba documental de enorme peso político e histórico. Demuestra que apenas tres años después de la Revolución de Mayo, el gobierno patrio ya ejercía administración efectiva y control económico e institucional sobre Malvinas, mucho antes de la ocupación británica de 1833.
Un pedido británico que reconoce autoridad argentina
El documento corresponde al capitán inglés Henry Jones, comandante del bergantín El Rastrero. El oficial solicitó autorización a Buenos Aires para cazar lobos marinos en las costas de Malvinas, una actividad económica clave en la época.
El pedido fue elevado al Director de la Aduana, Enrique Torres, lo que evidencia un procedimiento administrativo regular. Se trata de un buque extranjero solicitando permiso a una autoridad local para operar en un territorio bajo su control.
Lejos de ser un hecho aislado, este acto refleja el funcionamiento normal de un Estado soberano que regula, autoriza y fiscaliza actividades en su jurisdicción marítima. El reconocimiento no fue simbólico ni retórico: fue práctico, concreto y formal.
Un golpe directo al relato británico
Este episodio desmonta de raíz el argumento histórico utilizado por el Reino Unido para justificar la ocupación de 1833. Tras haber sido expulsados por España de Puerto Egmont en 1774, los británicos abandonaron el archipiélago durante más de medio siglo. No protestaron ni objetaron los múltiples actos de soberanía ejercidos desde Buenos Aires tras 1810.
La solicitud de Jones es especialmente reveladora: lejos de actuar como potencia con derechos previos, se somete voluntariamente a la autoridad argentina, reconociendo quién ejercía el control real del territorio.
Una prueba clave ante la comunidad internacional
El documento de 1813 se suma a una cadena sólida de antecedentes que refuerzan el derecho argentino. Entre ellos, la continuidad jurisdiccional desde el período virreinal español, las órdenes ejecutadas por el Virreinato del Río de la Plata y la administración sostenida desde Buenos Aires tras la independencia.
En términos de derecho internacional, el caso es claro. Hay ocupación efectiva, ejercicio pacífico de autoridad y reconocimiento por terceros. Tres elementos que el archivo confirma de manera contundente.
Este hallazgo no es una curiosidad archivística, sino una evidencia estratégica que robustece la posición argentina frente al mundo. El reclamo no se trata de una disputa simétrica, sino de la restitución de un territorio usurpado por un acto de fuerza en 1833.
La historia documentada vuelve a hablar, y lo hace con claridad: las Malvinas fueron, son y seguirán siendo parte integral del territorio argentino. Sobre todo, bajo un derecho histórico que el tiempo —y los archivos— no hacen más que reafirmar.
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