Organizaciones K de DD.HH. entran al juicio para defender al agresor de Yasmín
El caso estalló tras la agresión sufrida por Yasmín Arabena Toledo, una militante de La Libertad Avanza. La joven repartía volantes en la Plaza San Martín, días antes del ballotage entre Milei y Massa. En ese contexto, un individuo identificado como travesti se acercó a la joven y le puso los genitales en la cara.
Este hecho que se encuadra en abuso sexual simple y que quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. Pero el escándalo no quedó ahí. El agresor ya tenía antecedentes de conductas similares, incluyendo un episodio denunciado por propasarse con un menor, tras lo cual borró sus redes sociales.
El juez bajo la lupa
La indignación creció cuando trascendió que el Juez del caso, Diego Calmavonici, tomó decisiones que —según denuncian— benefician directamente al acusado.
La más polémica se trató de habilitar la participación en el proceso de varias organizaciones de “derechos humanos”, que intervendrán en el juicio para respaldar al agresor. Entre ellas se encuentra Pensamiento Penal, una ONG que el propio magistrado integra y cuya presentación él mismo incorporó al expediente.
Esta situación plantea un conflicto de intereses evidente, ya que el juez estaría permitiendo que una organización de su órbita influya en el juicio que él mismo dirige. Esta desprolijidad deja de garantizar la imparcialidad que exige el proceso.
Antecedentes preocupantes de la ONG
La ONG Pensamiento Penal arrastra un historial controvertido. En 2008, la organización difundió una carta de apoyo Juez Nicolás Schiavo, recordado por otorgar prisión domiciliaria al responsable de la Masacre de Campana. En tal masacre, un hombre asesinó a masazos a la familia Mansilla y a sus dos hijos pequeños.
La firma del Juez Calmavonici aparece en ese documento, un antecedente que resurge ahora en el contexto del caso Yasmín. Esto logra que se acrecente la preocupación por el perfil ideológico de las organizaciones que se presentan para defender al acusado.
Lejos de una actitud defensiva o de arrepentimiento, el agresor convocó a más activistas para bailar afuera del juzgado, en un gesto de provocación y hostigamiento hacia la víctima.
La investigación alerta que el próximo 27 de noviembre, esas mismas organizaciones y militantes se presentarán a declarar a favor del agresor. Mientras tanto, Yasmín deberá enfrentar sola una presión política y mediática creciente.
Un pedido de acompañamiento pacífico
Ante el panorama, referentes que acompañan a Yasmín pidieron que la ciudadanía se acerque pacíficamente al juzgado para respaldarla y evitar que una maniobra judicial termine en impunidad.
El caso abre un debate más amplio sobre el rol de ciertos sectores judiciales y de organizaciones autodenominadas de derechos humanos que, lejos de proteger a las víctimas, parecen alinearse con los agresores cuando estos pertenecen a identidades o colectivos afines a su agenda.
Derechadiario.com
