La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Sin embargo, el PEN le pidió a Congreso que determine su fuente de financiamiento.
El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego que el Congreso insistiera con la norma por el voto de los dos tercios de ambas cámaras, al rechazar el veto de Javier Milei. Sin embargo, el PEN le pidió al Poder Legislativo que establezca su fuente de financiamiento y que, hasta tanto, estará suspendida su ejecución.
A través del decreto 681/25, firmado por el presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, el Gobierno insistió con que el Congreso sea el que determine de dónde saldrán los recursos para su implementación.
“Comuníquese al H. Congreso de la Nación, en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga”, establece el artículo 2 de la medida publicada en el Boletín Oficial.
En los considerandos, el PEN estimó “la implementación de la Ley N° 27.793 demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $3.019.508.900.000, equivalente a 0,35 % del PBI”.
Además, señaló que “la norma modifica el universo de beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad, el cual podría incrementarse considerablemente, aumentando el gasto derivado de la ejecución de la medida”.
El Gobierno cuestionó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”.
“Si bien mediante el artículo 19 de la ley se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas que se proyectan, la manda genérica a realizar reasignaciones de partidas presupuestarias no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente conforme se exige por el precitado artículo 38 de la Ley N° 24.156”, agregó.
En los argumentos, el PEN afirmó que “el presupuesto actual de la Administración Nacional no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación” y “corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.793 sean considerados” durante el debate del Presupuesto 2026.
“Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la Ley N° 27.793 la que, sin embargo, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”, reza el decreto.
La postura del Gobierno respecto a la implementación de la ley ya había sido anticipada por el jefe de Gabinete, al que la oposición ya advirtió en denunciar penalmente o impulsar una acción en su contra desde el Parlamento por no acatar lo dispuesto, sea mediante moción de censura o hasta juicio político.
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