Tiene vínculos con un abogado del fondo Buford y fue designado por Santiago Caputo, que además puso a Garat en YPF (ex socio de su consultora Move Group). Amigo de Santiago Caputo .
nició una investigación, con purga incluida, tras considerar que hubo “filtraciones” internas en el litigio internacional por la expropiación de YPF, con sede de Nueva York. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno, que anticiparon que despedirán a quienes sean individualizados como responsables de una eventual “venta de información” al fondo Burford.
En paralelo, el miércoles a última hora se conoció un comunicado oficial de la Procuración del Tesoro que confirmó la puesta en marcha de “una inmediata reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento” y “contribuir a la reducción del gasto público”, con lo cual justificó “más de 60 desvinculaciones“ del organismo, que concentra a los abogados del Estado. Esta medida fue oficializada horas más tarde en el Boletín Oficial.
Ante la consulta de LA NACION, fuentes de la Procuración del Tesoro explicaron que esos despidos se sumaron desde el comienzo de la administración libertaria, en diciembre de 2023, al tiempo que se abstuvieron de precisar cuántos se registraron en los últimos días u horas y podrían estar vinculados a las filtraciones. “Sin comentarios”, se limitaron a señalar.
En el comunicado de la Procuración del Tesoro también habían explicado que redujeron de seis a cuatro direcciones nacionales dentro de su organigrama, además de la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Más temprano, en la Casa Rosada habían adelantado que la purga por las sospechas en el caso YPF estaba siendo llevada adelante por Santiago Castro Videla, el segundo procurador del Tesoro de la administración libertaria. Castro Videla asumió en febrero pasado tras la sorpresiva salida de Rodolfo Barra.
“Se está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones en el caso YPF”, dijeron sobre el caso. Desde allí completaron resaltando que en la Procuración del Tesoro se llevan adelante casos que implican miles de millones de dólares para el país y por ende las filtraciones de estrategias judiciales que son reservadas podrían conllevar a fuertes daños al erario público.
Seprin y La Nación
