El texto está fechado el 22 de agosto, antes que estalle el escándalo de las coimas que involucra a Karina. También lo recibieron Villarruel y Menem.
Los diputados y los senadores que integran la comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia advirtieron a Javier Milei, Victoria Villarruel y Martín Menem sobre el carácter ilegal del decreto de Patricia Bullrich para habilitar tareas de espionaje a la Policía Federal, apenas explotaron los audios de la confesión de Diego Spagnuolo.
La carta está fechada el 22 de agosto pero su circulación, que alcanzaría también a las autoridades del Congreso y los jefes de todas las bancadas, se produjo después que la ministra de Seguridad denunció a Claudio “Chiqui” Tapia como parte de un complot para derrocar al gobierno.
En el texto, los legisladores cuestionaron severamente el decreto 383/2025, firmado por Milei y Bullrich y que promueve una reestructuración de las funciones de la Policía Federal Argentina. Esa disposición otorgó a los uniformados tareas de espionaje que contravienen la ley de Inteligencia Nacional Nº25.520. “Como si esto fuera poco, el mismo decreto saca del control de la Bicameral del Congreso estas nuevas tareas de la Policía Federal”, se quejó un diputado ante LPO.
La nota de la Bicameral reseña que el decreto apuntado “en su artículo 5°, inciso 3°, título I, capítulo II, establece que la PFA tiene como función ‘desarrollar acciones de inteligencia criminal, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, sus modificaciones y demás legislación vigente en la materia'”. “Sin embargo, en el mismo decreto, artículo 6°, inciso 4°, título I, capítulo II, se asigna a la PFA la facultad de realizar ´análisis criminal, de políticas de seguridad y de operatoria policial, lo cual no se encontrará alcanzado por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones, salvo disposición expresa de la autoridad competente”, critica.
Los miembros de la comisión consideran que “resulta imperioso establecer los lineamientos que la PFA debe observar en el desarrollo de las tareas previstas, conforme lo estipulado por la Ley N° 25.520 y bajo la supervisión parlamentaria de esta Comisión Bicameral”. “Corresponde identificar las actividades alcanzadas y delimitar responsabilidades, a fin de evitar vulneraciones de derechos y prevenir el uso arbitrario de información”, dice la nota.
El gobierno trata de cambiar el eje de la discusión y que terminemos hablando de la filtración de los audios en vez de indagar sobre las coimas.
La preocupación del Congreso era, en parte, lo que terminó ocurriendo: el gobierno, con atribuciones que colisionan contra la división de poderes, termina denunciando a periodistas y opositores con argumentos que rayan el ridículo. “Escuché a la ministra decir por radio que esto es una operación de Rusia y Venezuela”, dijo con furia un senador a LPO.
A su juicio, Bullrich “pretende avanzar sobre el derecho a la información”. “El gobierno trata de cambiar el eje de la discusión y que terminemos hablando de la filtración de los audios en vez de indagar sobre las coimas”, concluyó.
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