La justicia determinó que el presidente de EEUU excedió sus atribuciones legales. La decisión fue tomada por un tribunal federal de Nueva York.
Un tribunal federal de Nueva York suspendió los aranceles generalizadosimpulsados por el expresidente Donald Trump sobre importaciones provenientes de casi todos los países del mundo. La medida judicial declaró que el exmandatario excedió sus atribuciones legales al utilizar la declaración de “emergencia nacional” como argumento para establecer los gravámenes sin intervención del Congreso.
La Corte de Comercio Internacional resolvió que Trump no contaba con facultades suficientes para aplicar esos aranceles invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). Según los jueces, esta normativa no le permitía justificar la imposición unilateral de impuestos a productos extranjeros sin un aval legislativo formal.
El fallo interrumpió en la aplicación de los aranceles masivos dictados en abril, que afectaban a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, incluyendo a China, México y Canadá, y reabrió el debate sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo en materia económica.
Los aranceles impuestos por Donald Trump
El gobierno de Trump había sostenido que los déficits comerciales prolongados representaban una situación de “emergencia nacional” y que, por lo tanto, podía intervenir sin necesidad de pasar por el Congreso. Incluso, en febrero, había aplicado aranceles contra México, China y Canadá, argumentando que el flujo ilegal de drogas y migrantes desde esos países requería una acción económica urgente.
Pese a este revés, algunos aranceles establecidos durante su mandato continúan vigentes, como los aplicados al acero, aluminio y automóviles extranjeros. Estos últimos se basaron en otra legislación, distinta de la IEEPA, que exige un proceso formal de investigación a cargo del Departamento de Comercio, y no pueden ser ejecutados de manera inmediata o arbitraria.
El origen del fallo está en al menos siete demandas presentadas contra estas medidas. En este caso particular, el tribunal unificó dos presentaciones: una proveniente de cinco pequeñas empresas y otra firmada por doce estados del país, que solicitaron frenar los efectos de la decisión presidencial.
La decisión de la justicia de EEUU
El equipo legal de Trump se amparó en antecedentes como el del expresidente Richard Nixon, quien en 1971 impuso aranceles en medio de una crisis económica y monetaria. Sin embargo, esa acción estuvo fundamentada en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, una normativa anterior a la IEEPA, por lo que no resultó aplicable en este caso.
Los magistrados señalaron que Trump hizo un uso desproporcionado de la IEEPA y consideraron que los aranceles no resolvían de manera efectiva los problemas que intentaban abordar.
Además, remarcaron que los déficits comerciales no constituyen una emergencia imprevista, ya que el país los acumuló durante 49 años consecutivos, tanto en etapas de crecimiento económico como en períodos de crisis.
Las consecuencias del fallo judicial
Para la analista comercial Wendy Cutler, exfuncionaria del gobierno estadounidense y actual vicepresidenta del Asia Society Policy Institute, el fallo genera una fuerte dosis de incertidumbre sobre la estrategia de comercio exterior de Trump. Según advirtió, los países que estaban en plena negociación con EEUU podrían suspender cualquier concesión hasta que se aclare la validez legal de los aranceles. “El fallo arroja la política comercial del presidente a la incertidumbre”, sostuvo.
En paralelo, muchas compañías ya comenzaron a reestructurar sus cadenas de suministro, adelantando envíos hacia Estados Unidos por temor a que los aranceles vuelvan a entrar en vigencia si un tribunal superior revierte la decisión.
El tribunal también explicó que el expresidente todavía conserva una herramienta más restringida dentro de la Ley de Comercio de 1974, la cual le permite aplicar aranceles de hasta un 15% durante un máximo de 150 días, aunque solo en contextos de déficit comercial con ciertos países.
La sentencia puede ser apelada ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal en Washington, e incluso llegar a la Corte Suprema. Mientras tanto, la medida judicial suspende un pilar central de la política comercial de Trump y redefine los límites del uso del poder presidencial en el plano económico.
“El fallo destruye la justificación de la administración Trump para usar poderes de emergencia federales para imponer aranceles, lo que sobrepasa la autoridad del Congreso y contradice el debido proceso”, afirmó Eswar Prasad, profesor de política comercial de la Universidad de Cornell.
“La decisión deja claro que los aranceles generalizados impuestos unilateralmente por Trump representan un abuso del poder ejecutivo”, concluyó, planteando un exceso en los modos de aplicación de sus políticas.
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