La Justicia ordenó peritar un celular y una tablet de Alberto Fernández en la causa por violencia de género

El juez federal Julián Ercolini ordenó el peritaje de un teléfono celular y una tablet perteneciente al ex presidente, en el marco de la denuncia de su ex pareja, Fabiola Yañez, por violencia física y psicológica.
Este martes, la Justicia inició el peritaje en dispositivos electrónicos pertenecientes al ex presidente Alberto Fernández para continuar con la investigación tras la denuncia en su contra por parte de su ex pareja, Fabiola Yañez, por violencia de género.
El juez federal Julián Ercolini ordenó el peritaje del teléfono celular y una tablet, los cuales fueron puestos a disposición de mediadores en tribunales federales del barrio porteño de Retiro.
Los investigadores corroborarán el contenido de los dispositivos electrónicos en busca de mensajes de WhatsApp intercambiados entre Fernández y Yañez de manera previa y posterior a la denuncia, en el que presuntamente hubo violencia física y psicológica. En tanto, deberán informarse los archivos multimedia extraídos en la tablet.
La prueba pericial será llevada adelante por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General de la Nación.
Según resolvió el juez Ercolini, solamente serán seleccionados “aquellos elementos que tengan vinculación con el objeto procesal de la causa”, con el propósito de preservar la intimidad del ex presidente.
Vale recordar que la Cámara Federal porteña procesó al ex mandatario en “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder”, con los hechos denunciados a partir del 2016 hasta agosto de 2024.
Ercolini busca pasar el caso a juicio oral, y podría poner fecha antes de los 60 días. Vale recordar que un tribunal federal de segunda instancia rechazó el pasado 15 de abril la apelación presentada por el ex presidente, sin posibilidad de nuevos reclamos de la defensa. La pena máxima que enfrentaría Fernández es de 18 años de prisión.
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