Fiscal de Argentina pide 12 años de cárcel para la vicepresidenta Kirchner

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BUENOS AIRES, 22 ago (Reuters) – Un fiscal federal argentino solicitó el lunes una sentencia de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta del país y actual vicepresidenta, por cargos de corrupción relacionados con obras públicas.

El fiscal Diego Luciani acusó a Fernández de Kirchner, una voz aún influyente del ala izquierda del gobernante partido peronista, de defraudar al Estado y participar en un plan para desviar fondos públicos mientras fue presidente entre 2007 y 2015.

La sentencia se conocerá en meses, según medios locales, aunque Fernández de Kirchner podría recurrirla ante tribunales superiores, que tardarían años en llegar a un veredicto final.

“Esta es probablemente la maniobra de corrupción más grande que se haya conocido en el país”, dijo Luciani al argumentar la sentencia, que ha alimentado una nueva tensión política en el país sudamericano.

En Twitter, Fernández de Kirchner, quien testificó ante un tribunal en 2019, dijo que se enfrentaba a un “pelotón de fusilamiento mediático-judicial” y “no a un tribunal constitucional”.Publicidad · Desplázate para continuarReportar un anuncio

La expresidenta agregó que no se le dio la oportunidad de declarar sobre nuevos elementos del caso y que presentaría su defensa en las redes sociales el martes.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, condenó la decisión en Twitter y calificó la decisión en un comunicado como un caso de persecución judicial.

“Ninguno de los hechos atribuidos al expresidente ha sido probado”, dice el comunicado.Publicidad · Desplázate para continuarReportar un anuncio

El fiscal también solicitó la inhabilitación de por vida para Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos.

Más tarde el lunes, la policía local dispersó a decenas de manifestantes frente a la casa de Kirchner en la capital bonaerense, con campamentos tanto en contra como a favor del pedido del fiscal, mostró la televisión local.

La investigación busca establecer si ella y otros funcionarios de su gobierno favorecieron a las firmas del empresario Lázaro Báez en los procesos de licitación de decenas de obras públicas en la región sur de la Patagonia, muchas de las cuales estaban sobrevaluadas o no concluyeron.

Muchos expertos sospechan que el capital supuestamente desviado habría vuelto a manos de la familia Kirchner a través de sus empresas.


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