El sindicato ferroviario deberá pagar una multa récord por no acatar la conciliación obligatoria durante el paro de la CGT.
El Gobierno nacional aplicó una multa récord de $21.241.500.000 al sindicato ferroviario La Fraternidad, conducido por Omar Maturano, por haber incumplido la conciliación obligatoria dictada durante el conflicto salarial y adherir al último paro general de la CGT, realizado el 19 de febrero.
La sanción fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, luego de constatar que el gremio desobedeció la orden oficial que exigía retrotraer el conflicto, suspender las medidas de fuerza y garantizar la continuidad del servicio ferroviario. Según la cartera nacional, la conducta del sindicato afectó el normal desarrollo de la actividad y perjudicó el interés general.
La conciliación obligatoria había sido establecida el 5 de febrero de 2026 por un plazo de 15 días, en el marco de la Ley 14.786, que obliga tanto a sindicatos como a empleadores a abstenerse de adoptar medidas directas mientras dure el procedimiento. Para el Gobierno, La Fraternidad violó esa disposición al plegarse al paro general de la CGT y paralizar el servicio de trenes.
Desde Capital Humano remarcaron que la infracción fue categorizada como “muy grave”, luego de una investigación sumarial en la que, según el Ministerio, se garantizó el derecho de defensa y la presentación de pruebas por parte del sindicato. La Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, verificó el incumplimiento y avanzó con el proceso administrativo correspondiente.
La decisión marca un fuerte precedente en la relación entre el Gobierno de Javier Milei y los gremios más duros, especialmente aquellos alineados con la CGT y con una postura abiertamente opositora al programa de reformas oficiales.
La respuesta de Maturano no tardó en llegar. El jefe de La Fraternidad adelantó que analizarán la sanción con sus abogados y que probablemente recurrirán a la Justicia, al considerar que la multa está mal aplicada. Además, lanzó una amenaza directa: “Haremos un paro por tiempo indeterminado”.
El antecedente podría escalar todavía más. Según la información difundida, el Gobierno también prepara una sanción contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que podría rondar los $70.000 millones, por un presunto incumplimiento similar durante el mismo paro general.
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