Un entramado de sociedades de origen español opera a una flota que captura entre 40 y 45 toneladas diarias de calamar.
Tras una investigación in situ de REALPOLITIK, la actividad pesquera en las Islas Malvinas vuelve a quedar en el centro del debate tras conocerse detalles sobre las empresas españolas que operan en el caladero del Atlántico Sur bajo licencias otorgadas por la administración británica del archipiélago. Se trata de un entramado empresarial con fuerte presencia de compañías radicadas en Galicia, España, que desde hace años desarrollan sociedades mixtas con firmas instaladas en las islas para explotar principalmente el calamar Loligo, uno de los recursos más valiosos de la región.
Detrás de esta estructura aparecen al menos siete empresas gallegas: Lanzal Productos del Mar SL, Grupo Pereira, Pescapuerta SA, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña. Todas operan mediante joint ventures con compañías registradas en Malvinas, lo que les permite inscribir sus buques bajo la bandera de “Falkland Islands”, un pabellón que Argentina no reconoce, y obtener licencias pesqueras otorgadas por la administración británica.
Entre los barcos que integran esta flota figuran el Monteferro, Argos Cíes, Argos Berbés, Falcon, Prion, Robin M. Lee, Hadassa Bay, Castelo, Hermanos Touza, New Polar y Playa de Sartaxens, entre otros.
Entre otras cuestiones, debe tenerse en cuenta que existe un vínculo entre el gobierno de las Islas Malvinas —respaldado por Gran Bretaña— y España que permite que este saqueo pesquero se lleve adelante en una zona que pertenece a la Argentina. En ese marco, también existen acuerdos comerciales que se reflejan en la presencia masiva de productos españoles en tiendas y supermercados de Puerto Argentino (Puerto Stanley).
La flota y el negocio del calamar
Uno de los casos más recientes es el del arrastrero congelador “Prion”, construido por el gallego astillero Nodosa y entregado en 2025 a Petrel Fishing Company Ltd., una sociedad mixta integrada por el grupo español Pescapuerta SA y el conglomerado empresarial isleño Fortuna Ltd., cuyo dueño es Stuart Wallace, quien está casado con una argentina según pudo saber REALPOLITIK.
Wallace es un isleño de Malvinas que en los últimos años pasó del tradicional oficio de criar ovejas, al jugoso negocio de la depredación pesquera en el archipiélago usurpado, a través de su empresa Fortune Ltd.
Tras una investigación in situ de REALPOLITIK, la actividad pesquera en las Islas Malvinas vuelve a quedar en el centro del debate tras conocerse detalles sobre las empresas españolas que operan en el caladero del Atlántico Sur bajo licencias otorgadas por la administración británica del archipiélago. Se trata de un entramado empresarial con fuerte presencia de compañías radicadas en Galicia, España, que desde hace años desarrollan sociedades mixtas con firmas instaladas en las islas para explotar principalmente el calamar Loligo, uno de los recursos más valiosos de la región.
Detrás de esta estructura aparecen al menos siete empresas gallegas: Lanzal Productos del Mar SL, Grupo Pereira, Pescapuerta SA, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña. Todas operan mediante joint ventures con compañías registradas en Malvinas, lo que les permite inscribir sus buques bajo la bandera de “Falkland Islands”, un pabellón que Argentina no reconoce, y obtener licencias pesqueras otorgadas por la administración británica.
Entre los barcos que integran esta flota figuran el Monteferro, Argos Cíes, Argos Berbés, Falcon, Prion, Robin M. Lee, Hadassa Bay, Castelo, Hermanos Touza, New Polar y Playa de Sartaxens, entre otros.
Entre otras cuestiones, debe tenerse en cuenta que existe un vínculo entre el gobierno de las Islas Malvinas —respaldado por Gran Bretaña— y España que permite que este saqueo pesquero se lleve adelante en una zona que pertenece a la Argentina. En ese marco, también existen acuerdos comerciales que se reflejan en la presencia masiva de productos españoles en tiendas y supermercados de Puerto Argentino (Puerto Stanley).
La flota y el negocio del calamar
Uno de los casos más recientes es el del arrastrero congelador “Prion”, construido por el gallego astillero Nodosa y entregado en 2025 a Petrel Fishing Company Ltd., una sociedad mixta integrada por el grupo español Pescapuerta SA y el conglomerado empresarial isleño Fortuna Ltd., cuyo dueño es Stuart Wallace, quien está casado con una argentina según pudo saber REALPOLITIK.
Wallace es un isleño de Malvinas que en los últimos años pasó del tradicional oficio de criar ovejas, al jugoso negocio de la depredación pesquera en el archipiélago usurpado, a través de su empresa Fortune Ltd.
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Islas Malvinas: Cómo funcionan los negocios que llenan las arcas británicas
Este tipo de embarcaciones forman parte de la flota que opera en el caladero de Malvinas, donde el principal recurso explotado es el calamar Loligo. La prensa del puerto de Vigo comenzó a difundir los primeros resultados de la temporada de verano con tono optimista, hablando de una supuesta “vuelta a la normalidad” para la industria pesquera gallega.
Según esos informes, los 16 buques gallegos que trabajan en la zona estarían capturando entre 40 y 45 toneladas diarias de calamar. Los datos surgen de un informe técnico basado en 64 arrastres científicos realizados por el buque Monteferro entre el 3 y el 18 de febrero, que estimó una biomasa inicial de 41.725 toneladas.
Desde el sector pesquero español destacan que esa cifra representa un incremento del 35 por ciento respecto de las aproximadamente 31 mil toneladas detectadas en el mismo período de 2025. Sin embargo, ese mismo año la flota extrajo alrededor de 56 mil toneladas y la segunda temporada debió cerrarse anticipadamente debido al colapso del recurso.
El esquema empresarial detrás de la operatoria
El funcionamiento de esta actividad se sostiene mediante sociedades radicadas en las islas que permiten registrar los barcos bajo la jurisdicción del archipiélago. De esa manera, las compañías españolas pueden operar con licencias británicas y evitar restricciones legales vinculadas a la explotación de recursos en el área.
En la estructura empresarial aparecen asociaciones como Petrel Fishing Company Ltd., Argos Group Ltd., South Atlantic Squid Ltd., Castelo Fishing Co., Beaufort Fishing Ltd. y Polar Ltd., compañías radicadas en Malvinas que funcionan como vehículos societarios para la actividad pesquera. A través de estas empresas operan las principales firmas gallegas que participan del negocio, consolidando un sistema que conecta a la industria pesquera de Galicia con la economía del archipiélago.
El caso Moradiña y la empresa Polar
Uno de los casos más particulares dentro de este entramado es el de la empresa española Moradiña SA, que comparte una licencia pesquera con la compañía Polar Ltd., radicada en las Islas Malvinas.
Polar fue originalmente propiedad del empresario británico Richard Dick Sawle, nacido en Inglaterra y radicado en el archipiélago desde mediados de los años 80, específicamente desde 1986. Sawle se desempeñó además como juez de Paz en las islas, estudió español, desarrolló estudios vinculados a América Latina y mantuvo vínculos con empresarios pesqueros españoles.
Con el tiempo, el empresario vendió la compañía a un empresario isleño nacido en Malvinas, quien mantiene vínculos familiares con argentinos. Como parte de la operación de venta, se estableció que la empresa Polar debía conservar participación en la licencia de pesca que luego fue compartida con la firma española Moradiña.
De ese acuerdo surgió la estructura actual, en la que Moradiña controla el 49 por ciento de la licencia pesquera a través de Polar Ltd., manteniendo así la relación comercial entre capitales españoles y empresas radicadas en el archipiélago.
Las leyes argentinas y el conflicto por los recursos
Desde la perspectiva jurídica argentina, la actividad de estos buques vulnera el marco normativo nacional. El Régimen Federal de Pesca, establecido por la ley 24.922, dispone que ningún barco puede pescar en aguas de jurisdicción argentina sin autorización del estado nacional.
Además, la ley 26.386 establece restricciones para empresas que desarrollen actividades en el país y mantengan vínculos directos o indirectos con compañías que operen en las islas sin autorización argentina.
El negocio del calamar se ha convertido en uno de los pilares económicos de las Islas Malvinas y también en un recurso estratégico para la industria pesquera del puerto de Vigo. Para Argentina, sin embargo, la explotación de esos recursos naturales forma parte de un conflicto mayor vinculado a la disputa de soberanía y al control de un área que el país considera parte de su plataforma continental y de su Zona Económica Exclusiva en el Atlántico Sur.
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