Un “paraíso fiscal” de multimillonarios en EEUU: esconden u$s44.000 millones al fisco con seguros de vida
A través de los seguros PPLI, el 1% más rico de Estados Unidos canaliza más de u$s44.000 millones en fondos de riesgo e inmuebles, eludiendo al fisco con total legalidad mientras el Congreso debate su eliminación.
Lejos de las islas paradisíacas o los secretos bancarios en el exterior, el vehículo fiscal más codiciado de Estados Unidos opera con la cobertura de una póliza de seguro de vida. Bajo esa fachada legal, las mayores fortunas del país logran encapsular inversiones de alto rendimiento como fondos de cobertura, capital de riesgo, crédito privado y bienes raíces, multiplicando su patrimonio a resguardo de impuestos.
Los llamados seguros de vida de colocación privada, conocidos por sus siglas en inglés, PPLI. Hacia el cierre de 2025, los cinco principales proveedores del mercado administraban más de u$s44.000 millones al amparo de estas pólizas. En la práctica, las ventajas fiscales del seguro de vida se convirtieron en una herramienta para gestionar fortunas multimillonarias.
Cabe señalar que el mecanismo es legal siempre que cumpla un difícil entramado de condiciones. Sin embargo, su exponencial crecimiento ha llevado esta cuestión en un debate central en la política de EEUU.
En ese marco, para el senador demócrata Ron Wyden, las mayores fortunas del país desvirtuaron el espíritu de la ley, transformando un mecanismo de protección diseñado en un principio para familias trabajadoras en una suerte de fondo de inversión totalmente exento de impuestos. Pese a haber impulsado un proyecto de ley para clausurar este vacío fiscal, la iniciativa permanece por ahora paralizada en el Congreso estadounidense.
Fondos disfrazados de seguros
La diferencia entre un seguro de vida y un PPLI radica en que mientras que los convencionales buscan proteger a las familias ante un fallecimiento mediante el pago de unas primas, un PPLI funciona de otra manera distinta.
Bajo esta mecánica, el cliente transfiere varios millones de dólares a la compañía aseguradora, la cual deposita los fondos en una cuenta segregada e individualizada, formalmente vinculada a la póliza. Esa cuenta puede invertir en diferentes fondos o productos creados específicamente para reproducir las estrategias de determinados gestores.
La clave de la arquitectura legal reside en la titularidad jurídica de los activos. A ojos del fisco, la propiedad de las inversiones pertenece a la compañía aseguradora y no al multimillonario que contrató el seguro. De este modo, los intereses, dividendos y ganancias de capital que genera la cartera se acumulan año tras año sin quedar gravados en la declaración de impuestos sobre la renta del cliente.
En la práctica, la ventaja es simple. Si el cliente invirtiera ese dinero directamente, tendría que pagar impuestos por los rendimientos que podría obtener. Al realizarlo dentro del seguro, los beneficios permanecen en la póliza y pueden reinvertirse íntegramente. De esta manera, continúa generando rentabilidad el dinero que, fuera de la póliza, habría terminado en manos de Hacienda.
“Buy, borrow, die”
El mecanismo se completa con un beneficio financiero clave: el cliente puede solicitar préstamos utilizando el valor acumulado en la póliza como colateral. Al tratarse de dinero tomado a préstamo y no de una ganancia, no tributa impuestos al momento de su recepción. Finalmente, al momento del fallecimiento del titular, la aseguradora salda la deuda pendiente y transfiere el remanente a los beneficiarios, por lo general totalmente exento del impuesto federal sobre la renta.
Se trata de la emblemática estrategia conocida en la jerga financiera de Estados Unidos como “buy, borrow, die” (comprar, pedir prestado y morir): invertir de forma constante sin tributar año a año, extraer efectivo líquido a través de préstamos y legar el capital excedente a los herederos sin pasar por las garras del fisco.
El sistema no es gratuito ni está diseñado para patrimonios modestos. Si bien algunas pólizas aceptan aportes iniciales de uno o dos millones de dólares, los asesores financieros estiman que se requiere un capital de entre cinco y diez millones para que el beneficio fiscal supere holgadamente los costos de estructura. Asimismo, el capital debe mantenerse invertido durante plazos prolongados para consolidar sus ventajas.
Cabe precisar que cancelar antes de tiempo o dejar que la póliza caduque con préstamos pendientes puede provocar una importante factura fiscal.
Inicio de la investigación
El volumen y la falta de transparencia alrededor de este negocio llevaron al Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos a abrir una investigación formal en 2022. Las siete compañías aseguradoras requeridas reportaron apenas 3.061 pólizas activas, una cifra que representa un ínfimo 0,003% del total de seguros de vida individuales del país. Sin embargo, su peso financiero era colosal: cada una contemplaba un pago medio cercano a los u$s13 millones para sus beneficiarios.
La investigación se centró en una regla fundamental. Para conservar las ventajas fiscales, el propietario puede elegir una estrategia de inversión, pero no puede ordenar operaciones concretas. Si controla directamente el dinero, la Hacienda estadounidense puede considerarlo su verdadero propietario y obligarlo a pagar.
El problema es la severa dificultad para comprobarlo. Estas pólizas no tienen que aparecer de forma específica en la declaración fiscal y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) las descubre únicamente durante una inspección. El sector sostiene que los contratos bien diseñados cumplen la ley y se limitan a utilizar las ventajas que el Código Tributario brinda a los seguros de vida.
El intento de llevarlo al Congreso
El pasado mes de abril el senador Wyden trasladó la ofensiva directamente al Parlamento de EEUU. Su proyecto de ley propone despojar a los PPLI de las exenciones tributarias que gozan los seguros de vida tradicionales. En la práctica, la reforma obligaría a sus titulares a liquidar impuestos de forma anual por las ganancias generadas, incluso si el capital permanece retenido dentro de la póliza. Asimismo, las estructuras vigentes dispondrían de un plazo de 180 días para reajustarse a la nueva normativa o proceder a su liquidación definitiva.
La propuesta de ley también terminaría con la opacidad del negocio. De esta manera, las aseguradoras tendrían que comunicar a Hacienda quién posee estas pólizas y cuánto dinero guarda en ellas. Si no lo hicieran, podrían recibir multas de al menos un millón de dólares.
Sin embargo, más allá de la buena voluntad, el camino para aprobar la ley es sumamente complejo. Ningún otro senador se sumó formalmente a la iniciativa de Wyden, ni tampoco existe una propuesta similar en la Cámara de Representantes y su primer trámite depende de un comité controlado por los republicanos.
Mientras no consiga esos apoyos, la paradoja seguirá intacta: un mecanismo ideado originalmente para brindar contención a las familias de clase media continuará funcionando como un sofisticado blindaje para los activos de las mayores fortunas del país.
Ambito.com
