En medio de un clima de tensión en Rosario, atravesado por la violencia que supura del narcotráfico, un dictamen del Procurador general, Eduardo Casal, provocó un intenso cimbronazo en la justicia de Santa Fe, donde el máximo tribunal provincial había cerrado el camino a dos fiscales para imputar al senador del Partido Justicialista (PJ) Armando Traferri en una causa por juego clandestino, que se inició con un crimen que llevaron adelante Los Monos en 2020 e incluyó que dos fiscales rosarinos admitieran que habían cobrado sobornos gestionados por el legislador.

El dictamen de Casal tuvo un fuerte impacto en la justicia santafesina. Se conoció horas después de que se confirmara que el fiscal Luis Schiappa Pietra, uno de los que impulsó la investigación contra Traferri y los vínculos con el juego ilegal y persiguió a las bandas criminales más pesadas de Rosario, no fuera incluido en las ternas de candidatos a fiscal general y regional de Rosario. Una de las interpretaciones es que haber investigado al poder político en Santa Fe lo dejó fuera de carrera.

El dictamen firmado por Casal recomienda que la Corte Suprema de la Nación haga lugar al planteo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que habían recurrida en queja al máximo tribunal luego de que se le cerraran todas las puertas en la justicia santafesina, donde Traferri tiene una fuerte influencia. Los fiscales nunca pudieron imputar a Traferri por asociación ilícita, que logró que el establisment político y judicial lo respaldara.

El Senado de Santa Fe rechazó en diciembre de 2020 el pedido de los investigadores para retirar los fueros parlamentarios que protegían a Traferri. La decisión fue mayoritaria, con el voto de radicales y peronistas.

El senador Armando Traferri, en pandemia, cuando fue acusado por un fiscal -que aceptó cobrar coimas- de ser el intermediario entre un empresario del juego clandestino y la Justicia para el pago de sobornos
El senador Armando Traferri, en pandemia, cuando fue acusado por un fiscal -que aceptó cobrar coimas- de ser el intermediario entre un empresario del juego clandestino y la Justicia para el pago de sobornosMarcelo Manera – LA NACION

A la par de que la causa avanzaba y se detectaban más engranajes de la política involucrados en un caso que atravesaba el juego clandestino y la violencia narco, los fiscales plantearon la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe, en subsidio del 51 de la Constitución provincial. Esa legislación regula, entre otras cuestiones, cómo funcionan los fueros parlamentarios. Después de un fallo en contra y otro a favor, de la Cámara de Apelaciones, la defensa de Traferri interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Santa Fe, que le dio la razón. El único voto en contra del senador fue el del actual presidente del máximo tribunal Daniel Erbetta.

Se habían cerrado todas los caminos para que los fiscales pudieran imputar a Traferri. La última opción fue recurrir a la Corte Suprema de la Nación, donde, en un primer paso, el procurador Eduardo Casal le dio el aval a Schiappa Pietra y Edery.

El procurador Casal afirma que el fallo de la Corte santafesina “no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial en los fundamentos”. Esa mirada tiene que ver con que cinco de los seis ministros de la Corte provincial votaron de la misma manera, pero con fundamentos diferentes. Por lo tanto, hubo mayoría de votos, pero no de fundamentos. “Es doctrina de la Corte que los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve”.

Eduardo Casal, jefe de los fiscales de todo el país
Eduardo Casal, jefe de los fiscales de todo el país

Con ese argumento, Casal señaló que “las decisiones de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas”.

Para Casal, “la ausencia de un acuerdo genuino sobre los motivos que guían la decisión priva a la resolución de aquello que debe constituir su esencia, es decir una unidad lógico-jurídica, cuya validez depende no solo de que la mayoría convenga en lo atinente a la parte dispositiva, sino que también ostente una sustancial coincidencia en los fundamentos que permitan llegar a una conclusión adoptada por la mayoría absoluta de los miembros del tribunal”.

La investigación

La investigación comenzó en enero de 2020 a partir del asesinato de un gerente de una sucursal del Banco Nación en el casino de Rosario. El hombre fue baleado mientras se encontraba fumando en un balcón de la casa de juegos, pero el crimen se trató de una intimidación a los dueños del casino para que accedieran a pagar por “seguridad” al jefe de la banda “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, quien desde la cárcel había organizado una serie de extorsiones a comerciantes.

En el teléfono secuestrado a un hombre identificado como Marcelo “Cachete” Díaz, quien ejecutaba el plan presuntamente ideado por Cantero, los investigadores encontraron el contacto de Leonardo Peiti, capitalista de juego clandestino.

Los fiscales Edery y Schiappa Pietra descubrieron el presunto vínculo de Peiti con el jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, a quien según la investigación le pagaba entre 4 y 5 mil dólares mensuales para mantenerlo informado sobre causas en su contra y allanamientos a los casinos clandestinos que operaba el empresario del juego clandestino. Los contactos con Serjal y otro fiscal Gustavo Ponce Asahad se sospecha que los había hecho Traferri, que actuaba de intermediario.

Germán de los Santos– La Nación

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