Tras la presentación de la diputada Karina Banfi, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó el fallo de base, por lo que ahora la primera dama tendrá dos semanas para explicar su utilización de fondos públicos. Peluqueros, adiestradores caninos y amigas “asesoras”, en la mira.
La batalla judicial entre la primera dama, Fabiola Yáñez y aquellos que exigen conocer sus gastos durante la pandemia por coronavirus se inició en julio de 2022, cuando la diputada Karina Banfi celebró el fallo del juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 6, que ordenó a la secretaría General de la Presidencia explicar el uso de fondos públicos de Yáñez durante el 2020.
Como se recordará, Yáñez celebró al menos un evento masivo dentro de la Quinta de Olivos durante el aislamiento decretado por su pareja, el presidente Alberto Fernández. Además, habría contratado amigas personales en roles de “asistentes” y “asesoras”.
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El primer reclamo se llevó adelante ante la Agencia de Acceso a la Información, que sólo brindó datos de forma incompleta. Entre lo que se omitió, se encontraban los informes correspondientes a los ingresos de Federico Abraham, peluquero de Yáñez, y Ariel Alonso Zapata, adiestrador de Dylan, la mascota del matrimonio presidencial, a la Quinta de Olivos.
Tras aquel fallo de julio de 2022, Yáñez apeló la medida judicial, asegurando además sentirse agraviada y pidiendo que las costas sean cubiertas por la propia Banfi. En las últimas horas, la Justicia descartó de plano su último intento de frenar un pedido de transparencia que resulta cada día más oportuno.
En efecto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 2 aseguró que “no se advierten motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, de modo que corresponde rechazar el presente agravio y confirmar la sentencia de grado”. Además, determinó imponer las costas “a la parte vencida”.
La estrategia del equipo legal de Fabiola Yáñez difícilmente pueda haber salido peor. A pesar del intento de desligar a la primera dama de la obligación de explicar sus gastos, la Justicia le dará sólo quince días para transparentar la utilización que haya hecho de fondos públicos y, además, deberá también pagar las costas del nuevo fallo, además de las del anterior. (www.REALPOLITIK.com.ar)