Una denuncia penal expuso pagos oficiales por un inmueble nunca utilizado y abrió un fuerte debate sobre responsabilidad administrativa.
El concejal Sergio Piguillem presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Distrito III Turno 7 por un alquiler que considera irregular y de alto costo. La presentación señala que el contrato corresponde al inmueble en Sucre 400 esquina La Rioja, pensado como la sede del Ente Municipal de Fiscalización. En el expediente se consigna el pago inicial de $52.000.000 por cuatro meses y un gasto total proyectado de $624.000.000 para el período pactado.
El expediente administrativo 994-011931/2025 fija un canon locativo inicial de $13.000.000 por mes y un plazo contractual de 48 meses desde el 1/5/2025. La contratación se avaló mediante la Resolución 566 del 4/9/2025, que formalizó las condiciones básicas del acuerdo. La firma VESINM SA resultó locadora y el expediente registra además el pago al intermediario inmobiliario por $31.200.000 como comisión por la operación.
Piguillem denunció que, pese a los pagos efectuados, el edificio nunca fue ocupado y continúa cerrado según constataron vecinos y trabajadores de la zona. Según el concejal, el Ente sigue figurando operativo en la dirección de Avenida Colón 3551, lo que contradice el supuesto traslado al nuevo inmueble. El concejal afirmó que la acumulación de pagos sin uso del espacio puede significar un perjuicio significativo al patrimonio municipal.
Pagos anticipados y faltas en la documentación contractual
El expediente indica que se abonaron $52.000.000 por mayo, junio, julio y agosto de 2025 y que esos pagos están ahora bajo escrutinio. El contrato prevé ajustes cuatrimestrales según el Índice de Precios al Consumidor Córdoba, lo que aumentaría el costo real con el tiempo. El monto total autorizado de $624.000.000 figura en el expediente pese a la falta de ocupación efectiva del inmueble.
Un informe de la Dirección de Arquitectura, fechado el 11/8/2025, detectó humedades, charcos y fallas de pintura que impiden el uso inmediato. El informe añade que el edificio acumula cinco años sin habitación y que no fue posible verificar instalaciones sin estudios especializados. Para el denunciante, ese informe contradice la versión oficial sobre la aptitud del inmueble al momento de firmarse la locación.
El expediente registra la ausencia del Anexo I, que debía incluir inventario y fotografías del inmueble, una falla que complica la verificación. La falta de ese anexo impide comprobar el mobiliario, el equipamiento y otros elementos que hubieran justificado desembolsos y la contratación inmediata. Entre los funcionarios mencionados en la denuncia están el director Ezequiel Hormaeche Actis y el gerente administrativo Diego Javier Beresovsky.
Solicitud de fondos adicionales y reclamo por erogaciones acumuladas
El expediente 994-028150/2025 documenta un pedido de transferencia por $200.000.000 para obras, mantenimiento y compra de mobiliario. Piguillem afirmó que pedir esos $200.000.000 contradice la versión del Ente sobre la supuesta condiciones óptimas del inmueble. La denuncia sostiene que, a casi 7 meses del inicio del contrato,la Municipalidad habría pagado cerca de $100.000.000 por un edificio vacío.
La presentación solicita investigar a funcionarios del Ente, al servicio jurídico, a la firma locadora y a las áreas municipales implicadas. El concejal reclamó medidas probatorias para reconstruir la cadena administrativa y contable, incluyendo la revisión de transferencias y órdenes de pago. Piguillem advirtió que si se confirma la falta de justificación de los pagos podrían configurarse delitos contra la administración pública.
El conjunto de resoluciones, expedientes e informes obliga a buscar claridad administrativa y judicial sobre el destino y justificación de fondos públicos. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía conducida por Raúl Garzón, que deberá determinar irregularidades y la eventual responsabilidad penal. Mientras tanto, la polémica por pagos anticipados, el canon de $13.000.000 mensuales y la solicitud de $200.000.000 mantiene alto el interés público.
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