Hace un tiempo Milei dijo, a través de sus redes, que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”. La expresión podría extenderse a otros actores a los que el presidente considera como parte de “la casta”. Claro, a esta altura sabemos que “la casta” somos todos: jubilados, médicos, estudiantes, la lista es larga. Continuando una serie de notas sobre lo que llamamos “la verdadera casta” (que pueden leer acá y acá), queremos invertir la sentencia: si vemos la vida y obra de algunos de los multimillonarios que se enriquecen a costa de nuestras vidas, tal vez no odiamos lo suficiente a los empresarios.
En este artículo vamos a hacer un recorrido por la actividad empresarial de Eduardo Elsztain, una especie de “monje negro del empresariado”, dueño de las principales inmobiliarias del país y uno de los titiriteros detrás de Milei. Heredero de una familia judía de tradición comercial, a principios de los años ‘90 el actual magnate estaba al frente de una inmobiliaria de bajo perfil llamada IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima). Como en otros “mitos de origen” del empresariado, fue un acontecimiento puntual el que marcó el inicio del meteórico ascenso que lo convertiría en uno de los empresarios más poderosos del país: su reunión con George Soros, uno de los popes de la especulación financiera internacional.
Según ha contado el propio Elsztain en diversas entrevistas —cuestión que ha sido abordada con poca investigación crítica—, viajó a Nueva York con una carpeta de proyectos bajo el brazo y con 31 años, logró presentarse ante Soros y convencerlo de invertir 10 millones de dólares en el mercado inmobiliario argentino, por entonces desregulado y en proceso de valorización tras la hiperinflación de los años 1989-1990. Este “mito de origen” fue legitimado como una historia de audacia, cuando en realidad está dando cuenta del carácter rentista y financiero de un modelo de acumulación basado en las oportunidades que brinda el capital extranjero cuando encuentra socios locales dispuestos a administrar, como socios menores, sus negocios. Así como otras desregulaciones del periodo, y como ocurrió con las privatizaciones, el nuevo esquema de negocios que proponía el menemismo abrió paso a alianzas, especulaciones y búsquedas de favores en el poder para entrar en la timba neoliberal.
Con el respaldo de Soros y la política económica del menemismo, IRSA comenzó una serie de adquisiciones inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires. Aprovechando remates, privatizaciones y operaciones de reconversión urbana, Elsztain se quedó con propiedades estratégicas en “zonas premium”. En pocos años, su firma se hizo con el control de algunos de los centros comerciales más emblemáticos del país: el Shopping Abasto (que pasó de ser un viejo y tradicional mercado a un templo del consumismo noventista), el Alto Palermo, el Patio Bullrich, el DOT Baires, etc. IRSA también ingresó al negocio hotelero, comprando el Llao Llao en Bariloche, un símbolo de la oligarquía patagónica. Estos casos marcaron un esquema de negocios basados en la compra de terrenos baratos al Estado, desplazamiento de población local y políticas empresariales para revalorizar zonas de las ciudades para realizar negocios concatenados (grandes torres de edificios, por ejemplo).
La edificación empresarial de Elsztain fue más allá del sector inmobiliario: este sirvió de plataforma desde la cual impulsar un modelo de especulación financiera centrado en la valorización de activos, el acceso a tierras estratégicas y el usufructo de decisiones estatales. IRSA salió a cotizar en la Bolsa de Buenos Aires y luego en la de Nueva York (NYSE), lo que le permitió captar capitales globales con el argumento de representar una “puerta de entrada” a América Latina. La retórica de la “modernidad” y la “integración internacional” (salir al mundo) funcionó como una cobertura discursiva para un proceso clásico, y muy poco innovador, de concentración de la propiedad urbana.
El verdadero salto en este modelo de acumulación llegó con la adquisición de Cresud, en 1994. Esta firma, que tenía algunos activos agropecuarios en decadencia, fue convertida por Elsztain en el brazo del agronegocio de su holding. En pocos años, Cresud pasó a manejar miles de hectáreas en la región pampeana, incorporando nuevas tierras en provincias como Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, así como en países limítrofes como Paraguay y Bolivia. El modelo era simple y replicaba el modus operandi comentado: comprar barato, imponer monocultivo (sobre todo soja transgénica), tercerizar la producción y exportar sin retenciones o negociando las mínimas posibles. En 2006, fundó BrasilAgro para replicar este esquema en el gigante sudamericano.
En resumen, el origen del imperio de Eduardo Elsztain no fue el talento emprendedor ni la innovación productiva. Fue el resultado de una articulación estructural entre capital financiero internacional, oportunidades políticas creadas por las reformas neoliberales y una burguesía local dispuesta a funcionar como gestora de intereses transnacionales. Bajo una fachada de éxito individual, se ocultaba una arquitectura de poder basada en la apropiación privada de bienes comunes y la utilización del Estado como garante de rentabilidad.
Un sistema de negocios basado en la renta y la expoliación
El núcleo del “modelo de negocios” de Eduardo Elsztain no implica directamente la producción de bienes, ni la innovación tecnológica, ni la creación de empleo de calidad. Su lógica de acumulación está basada, principalmente, en la extracción de renta: agraria, inmobiliaria y financiera. Lo que articula sus múltiples empresas es capturar el valor generado por otros sectores sociales —en especial el trabajo asalariado que paga rentas y la valorización estatal del suelo— mediante mecanismos legales, financieros y políticos.
IRSA, la nave insignia del holding, es una inmobiliaria que opera con lógica especulativa. Como podemos suponer, la empresa no construye viviendas para sectores populares ni planifica el acceso a la ciudad. Su negocio está en adquirir tierras y propiedades en zonas estratégicas —muchas veces a precios de remate o gracias a acuerdos con el Estado—, reconvertirlas en centros comerciales, torres de oficinas o complejos de lujo y extraer de ahí una renta extraordinaria basada en el consumo y el valor del suelo. El shopping no es sólo un lugar de compras: es una forma de captura de valor urbano que privatiza el espacio público y multiplica la desigualdad territorial. Muchos autores han identificado este modelo de negocios como articulado a una tendencia del capitalismo en varias ciudades del mundo, conocida como gentrificación. Es decir, el desplazamiento de población de menores ingresos en detrimento de sectores enriquecidos, aumentando la desigualdad en el acceso a la vivienda y lo que Lefebvre llamó “el derecho a la ciudad”.
En paralelo, Cresud administra más de 800.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Allí, la empresa aplica un modelo de producción que responde a la lógica del agronegocio en las últimas décadas: monocultivo intensivo, fuerte dependencia de agroquímicos, tercerización laboral, avance sobre territorios indígenas y campesinos. A esto se suma la combinación de recursos financieros, aplicación de tecnología, mecanismos de contratación de labores y opacidad societaria (como los pools de siembra y figuras similares). Según Caligaris: “el perfil corporativo la empresa revela un carácter multinacional, no solo porque opera en otros países de la región, sino porque, además, cuenta con fuertes inversiones extranjeras (…) la empresa cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la bolsa de valores Nasdaq de Estados Unidos. A la vista de estos datos, pareciera que este caso expresa de manera definitiva la presencia del capital normalmente concentrado en la producción agraria”. [1]
En este modelo, la tierra no es un recurso social sino un activo financiero: se compra, se explota y se vende cuando su valor aumenta. La producción de alimentos es secundaria frente al objetivo principal: capturar rentabilidad vía el mercado global de commodities. Como añade Caligaris en otro artículo: “ [En 1994] CRESUD abandonó su forma de capital agrario tradicional para transformarse en una especie de fondo de inversión inmobiliario o REIT (real estate investment trust). Con esta perspectiva, en el año 1995 CRESUD lanzó una oferta de derechos y una oferta pública internacional de ADR (American depositary receipts) que le permitió comprar cerca de 300.000 hectáreas”.
Esta ampliación fue de la mano de profundizar una antigua tradición de la burguesía terrateniente argentina: el desplazamiento de poblaciones, la deforestación masiva y la degradación de suelos para el monocultivo. Cresud fue señalada por organizaciones como Global Witness y Greenpeace por su rol directo en la deforestación del Gran Chaco y Salta. Un informe global de Global Witness imputó a Cresud por haber eliminado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001, respaldado por financiamiento de Santander por USD 1.300 millones. En particular, en Salta se habrían desmontado alrededor de 120.000 hectáreas nativas, arrasando bosques nativos y generando efectos graves en las comunidades Qom, además de la destrucción de cursos de agua y biodiversidad.
En el plano financiero, el control del 51% del Banco Hipotecario desde los ‘90 vino a completar este modelo de negocios. En plena ola de privatizaciones, Elsztain y sus socios se apropiaron de una de las entidades bancarias más antiguas y con mayor patrimonio inmobiliario del país. Aunque el Estado conservó el 49% restante, la gestión quedó en manos privadas, permitiendo que el banco opere como plataforma de financiamiento de los propios negocios del grupo. En 2005, la Comisión Nacional de Valores abrió un sumario por el pago de bonos millonarios a la cúpula del banco, entre ellos al propio Elsztain. La denuncia se perdió en la nebulosa judicial habitual, pero dejó en evidencia el mecanismo: usar lo público como palanca para multiplicar lo privado.
Los huecos legales y los tecnicismos jurídicos para ensombrecer la actividad es funcional a la lógica del capital financiero: permite mover grandes cantidades de dinero, evadir impuestos y fugar capitales. Elsztain figura como CEO o accionista principal en cada una de estas compañías, pero el poder real se ejerce a través de directorios interconectados, operaciones bursátiles y fondos de inversión. La mega filtración de los Panama Papers, publicada en 2017 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reveló que Eduardo Elsztain estructuró su imperio económico con sociedades y fondos offshore en jurisdicciones como Bermudas, Isla de Man (el paraíso de “toto” Caputo) e Islas Vírgenes Británicas. Entre estos enclaves financieros figuraron entidades como Latin America Capital Partners II LP (Bermudas), Realty Partners Master Fund LP y el conocido Dolphin Global Fund en Isla de Man, vinculadas directamente tanto a IRSA como a Cresud.
Es decir, su entramado de empresas está estructurado a través de vehículos societarios que incluyen firmas en Estados Unidos, Israel y paraísos fiscales. Vale mencionar que Eduardo Elsztain ocupa un lugar destacado en el Congreso Judío Mundial (WJC), una organización que representa a comunidades judías de más de 100 países y ejerce importante influencia política y diplomática global. En 2005 fue nombrado tesorero del WJC por Edgar Bronfman —magnate estadounidense y aliado clave en sus negocios— y más tarde fue presidente de su consejo de directores, hasta convertirse en uno de los vicepresidentes del organismo.
El WJC, con sede en Nueva York, ha sido históricamente activo en cuestiones de política internacional, en la defensa de Israel y los asuntos comunitarios judíos. Este rol le otorgó acceso directo a redes de poder global vinculadas a figuras como los Bronfman, Rothschild y Soros, consolidando su perfil como interlocutor privilegiado entre el gran capital y la representación judía internacional. Algunos artículos además comentan que Elsztain fue quien abrió las puertas de Jabad Lubavitch a Javier Milei, acompañándolo en su acercamiento espiritual y posicionamiento público como candidato y presidente, integrándolo al liderazgo judío internacional. ¿Es esto, además de la sumisión incondicional del gobierno al imperialismo norteamericano lo que vuelve a Milei uno de los pocos socios incondicionales que le quedan al genocida Netanyahu? Como hemos dicho en otras ocasiones no tenemos que olvidar que el silencio y la complicidad ante el genocidio contra el pueblo palestino, muchas veces oculta negocios multimillonarios de sectores empresariales y mediáticos con el Estado de Israel.
En los últimos años, IRSA y Cresud han recuperado niveles de facturación cercanos a los de la pre pandemia. Para tener una idea de su patrimonio podemos decir que Forbes Argentina llegó a emitir una cifra global de U$S 5.000 millones en 2025. Por su parte Inbestia sostiene que su patrimonio directamente invertido en el holding IRSA asciende a U$S 218 millones, mientras que su hijo tiene unos U$S 9,8 millones. Por su parte Cresud tiene un valor de mercado de cerca de U$S 762 millones a diciembre de 2024.
Sin embargo, este crecimiento no tiene correlato en el empleo de calidad, en la producción de bienes durables ni en la mejora de las condiciones de vida de las mayorías. Lo que se expande es la lógica rentista, excluyente y financiarizada del capital.
Elsztain no necesita un cargo público: con el teléfono le alcanza
El caso de Eduardo Elsztain demuestra que hay una fuerte imbricación entre lo económico y lo político, entre el sector privado y el aparato estatal, entre el capital nacional y el internacional. Todo forma parte de una misma arquitectura de poder, donde una minoría privilegiada se apropia de los recursos, mientras las grandes mayorías padecen la inflación, el desempleo, la precariedad habitacional y la crisis ambiental. Así como Milcíades Peña decía que la burguesía argentina en 1890 (la época “dorada” que reivindica Milei) era una sub oligarquía que hacía las veces de “socia menor” del saqueo imperialista, algo parecido podemos decir de esta “elite local” transnacionalizada. La participación de Elsztain en foros de alto nivel —como el Foro Económico Mundial (Davos) y el Grupo de los 50 (G50)— financiados por fundaciones vinculadas a Soros, BlackRock y Rockefeller, evidencian su papel como interlocutor entre el capital internacional y las esferas del poder argentino
Además, la carrera de Eduardo Elsztain no puede entenderse sin considerar su relación privilegiada con el Estado argentino. A diferencia del empresario modelo de la ideología liberal —autosuficiente, innovador, meritocrático—, el recorrido de Elsztain es una radiografía del empresario argentino típico del gran capital: dependiente del favor estatal, experto en lobby, hábil tejedor de alianzas con todos los colores políticos. Desde Carlos Menem hasta Javier Milei, ningún gobierno le dio la espalda ni le negó una reunión. Todos, en mayor o menor medida, le han abierto las puertas del poder y lo han tratado como un “socio”.
Durante los años ’90, el gobierno de Carlos Menem implementó un programa de privatizaciones masivas, apertura comercial y liberalización financiera. Apoyados en la Ley de Reforma del Estado (1989), que abrió la puerta al proceso de privatizaciones y el Plan de Convertibilidad, que abarató el acceso al dólar, empresas como IRSA y Cresud pegaron un salto. En ese contexto, Elsztain también se convirtió en accionista mayoritario del Banco Hipotecario Nacional (formalizado por la Ley 24.855 de 1997), una de las “joyas” del sistema financiero estatal. La operación implicó el vaciamiento progresivo del patrimonio público en favor de actores privados. Además, de la mano de Soros creó el Banco de Crédito y Securitización (BACS) que cumple un rol clave como instrumento financiero para transformar activos inmobiliarios en capital financiero especulativo, transformando créditos hipotecarios en instrumentos financieros colocados en el mercado de capitales (un mecanismo similar al que desencadenó la gran crisis de 2008 en Estados Unidos).
Con la llegada de Néstor Kirchner en 2003 y la posterior presidencia de Cristina Fernández, el relato oficial promovía un discurso “productivista” y de “soberanía económica”. Sin embargo, IRSA y Cresud mantuvieron su posición privilegiada en el mapa empresarial argentino. Accedieron a créditos subsidiados, participaron de ferias internacionales organizadas por la Cancillería y no enfrentaron ninguna investigación seria sobre sus prácticas laborales, ambientales o fiscales. En paralelo, el holding continuó acumulando tierras, explotando recursos naturales y ampliando su presencia bursátil. Fueron parte de los grandes “ganadores” de la “década ganada”.
Con el triunfo del PRO en la Ciudad de Buenos Aires en 2007 y su expansión nacional en 2015 con Mauricio Macri, los negocios de IRSA adquirieron nueva velocidad. El modelo de ciudad promovido por el macrismo —especulación inmobiliaria, privatización del espacio público, desplazamiento de los sectores populares, todo bajo una apariencia de “gestión municipal eficiente”— coincidía punto por punto con los intereses de Elsztain.
Los vínculos con el gobierno de Larreta en particular, un experto en hacer negociados inmobiliarios en la Ciudad (en complicidad con el peronismo local) son claros. Algunos ejemplos hablan por sí solos: en febrero de 2022, IRSA adquirió por remate un edificio público en Coronel Díaz y Beruti, frente al Alto Palermo, a mitad del valor de mercado: “El metro cuadrado del edificio supera los 4 mil dólares, pero quien accedió a la compra del edificio público de Coronel Díaz y Beruti lo consiguió a la mitad: 2.372 dólares. Además, IRSA lo pagará aún más barato: 1.186 dólares. La Ley que habilitó esta venta es la N°4481, aprobada por la Legislatura en diciembre de 2012, que autorizó a la administración porteña a enajenar el inmueble”. Incluso el ex Jefe de Gobierno le dejó negocios garantizados antes de irse, que hoy siguen capitalizando: En junio de 2025, una ley aprobada por Larreta permitió a IRSA convertir el Edificio del Plata (una manzana entera en Av. 9 de Julio) de oficinas a viviendas, lo que le ahorró al holding unos ARS 14.000 millones en Ingresos Brutos.
El dato político más claro sobre esta “fraternidad” fue que el hermano del ex Jefe de Gobierno, Augusto Rodríguez Larreta, había sido durante más de una década gerente de Relaciones Institucionales de IRSA. Un caso flagrante de conflicto de interés que, sin embargo, no impidió que el proyecto fuera aprobado por la Legislatura con los votos del oficialismo y aliados. La timba inmobiliaria de Larreta encontró en Elsztain a uno de sus mayores beneficiarios.
El ascenso de Javier Milei al poder en 2023, estuvo acompañado por un discurso furibundo contra la “casta política”. Pero la verdadera casta —la que no vive del Estado sino que lo utiliza para sus fines— encontró rápidamente su lugar en el nuevo esquema de poder. Eduardo Elsztain fue uno de los empresarios que más colaboró con la campaña del libertario: lo alojó en sus hoteles (que funcionaron como base de operaciones de LLA para todas las elecciones), lo presentó en foros internacionales, lo conectó con sectores del capital financiero y de la comunidad judía en Estados Unidos.
Ya con Milei en la Casa Rosada, el holding volvió a posicionarse con fuerza en sectores estratégicos. El gobierno avanzó con un proyecto de desregulación total del suelo urbano, eliminó controles a la inversión extranjera, redujo los márgenes regulatorios en minería, agroindustria y banca, y prometió avanzar con nuevas privatizaciones. En cada una de estas áreas, IRSA y Cresud tienen intereses. Y si bien Milei niega públicamente los vínculos con empresarios, sus políticas reflejan con claridad quiénes son los verdaderos socios del régimen. Algunas investigaciones han señalado que fueron los propios abogados de estas empresas los que redactaron el DNU 70/2023 y Ley Bases. Enrique Viale, desde el ambientalismo, también denunció que el Gobierno pretende “permitir el desmonte en bosques que actualmente están protegidos por la ley. Esto pasó en el Brasil de Bolsonaro. Los ganadores son gente muy vinculada al Gobierno”.“El terrateniente más grande de Argentina es Eduardo Elsztain, el titular del grupo IRSA (…) Tiene una finca en Salta de 150 mil hectáreas – que son ocho veces la Ciudad de Buenos Aires – en zonas protegidas por la ley actualmente”.
Actualmente, su esquema de negocios está siendo reorientado hacia lo que llamamos el “modelo del FMI” (que defiende el conjunto del régimen político) centrado en la obtención de divisas mediante el extractivismo y la explotación de los bienes comunes naturales. En el último tiempo Elsztain avanzó en el sector de la minería (apoyado en la desregulación previa y en el RIGI) transformándose en el mayor accionista de la minera australiana Challenger Gold. La firma está a cargo del proyecto de oro Hualilán, ubicado en San Juan (en un momento de fuerte valorización de aquella mercancía). Además, a principios de este año se convirtió en uno de los principales accionistas de Argenta Silver, a cargo de un proyecto de plata en Salta, para lo cual desembolsó cerca de US$3,5 millones.
En los hechos, el Estado argentino no ha sido neutral ni pasivo. Ha sido, una y otra vez, garante de los negocios privados. Le entregó tierras públicas, le permitió obtener ganancias extraordinarias, lo habilitó a evadir impuestos mediante ingeniería financiera, le garantizó subsidios al agro, le dio leyes a medida, y nunca —nunca— lo puso bajo investigación penal por las múltiples denuncias sobre su accionar.
Esta impunidad es la norma de una democracia moldeada por y para los grandes grupos económicos. Elsztain no necesita cargos públicos porque sus intereses ya están representados dentro del Estado. Forma parte del verdadero poder: el que no se vota, pero manda.
Elsztain y la burguesía local como socia menor del imperialismo
Este empresario no es una anomalía. No es un “caso individual”. Es una expresión orgánica de una clase social: la gran burguesía argentina. Una clase que históricamente ha cumplido un rol subordinado y funcional en el esquema de dependencia económica impuesto por el capitalismo global. Una clase que no construye “desarrollo nacional” ni produce bienes estratégicos, sino que actúa como intermediaria local del capital imperialista, gestionando rentas, propiedades y recursos en nombre de otros. Una clase que en muchos casos hace negociados con el Estado, utilizando sus recursos a través de licitaciones, subsidios y corrupción.
El imperio económico de Elsztain —estructurado en torno al agronegocio, el real estate, el sistema financiero y la especulación bursátil— revela el tipo de “capitalismo” que predomina en Argentina. No el capitalismo productivo que algunos sectores sueñan reconstruir, sino un capitalismo periférico, parasitario y rentista. Un capitalismo donde el rol principal de los empresarios locales es administrar los negocios que otros diseñan desde Washington, Tel Aviv o Wall Street. En este marco, la famosa “burguesía nacional” no existe más que como mito útil a determinados discursos.
A pesar del discurso “anti Estado” de Milei, que parece ser aceptado por sectores del empresariado, casos como el analizado demuestran que es una falsa dicotomía: no hay contradicción entre lo público y lo privado, sino una simbiosis permanente. Elsztain necesita del Estado para garantizar sus ganancias y el Estado —gestionado por partidos patronales, conservadores o “progresistas”— necesita de él para dar señales al mercado y cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional, los bancos globales o las cámaras empresariales extranjeras. Esta relación es funcional a ambos: legitima al empresario como supuesto “motor de la economía” y garantiza a los gobiernos cierta estabilidad económica y apoyo mediático. Mientras tanto, millones de personas viven en la pobreza, sin tierra, sin techo, sin trabajo estable.
Lo que expresa Eduardo Elsztain es una historia de éxito empresarial que sintetiza la tragedia de una nación atrapada en un sistema donde las riquezas se concentran, los recursos se fugan y las decisiones se toman cada vez más lejos de las mayorías populares.
Frente a este escenario, denunciar la casta empresarial, sus vínculos con el poder político, su lógica extractiva y su rol estructural es una tarea necesaria. Pero no alcanza con la denuncia. Es necesario construir un proyecto alternativo, basado en la movilización popular, en la defensa de los bienes comunes, en la ruptura con el FMI y en la expropiación de los grandes grupos económicos que, como el de Elsztain, son responsables directos de la crisis social y ambiental que atraviesa el país. Porque mientras sigan siendo ellos quienes decidan, no habrá futuro para las grandes mayorías.
