El ministro de Defensa, Luis Petri, continúa en el centro de las discusiones. Recientemente, la diputada porteña Victoria Montenegro lo denunció ante la ONU por desmantelar el área que investigaba los crímenes de la dictadura. Apenas una semana después, se supo que dio luz verde para un millonario gasto en bebidas para la Fuerza Aérea.
Con la llegada de un gobierno afín a sus ideologías, las Fuerzas Armadas del gobierno de Javier Milei parecieran darle rienda suelta a todos sus gustos y objetivos. En algunos casos, sin embargo, el exceso pareciera atravesar alguna de sus medidas. Días atrás, lograron el desalojo de las tierras que le pertenecen al Ejército en Bariloche y que habían sido ocupadas por la comunidad mapuche.
Es un reclamo que se había presentado con el gobierno anterior, pero nada se había hecho al respecto. Al asumir en su cargo, Petri instruyó a sus funcionarios para constituirse como parte querellante e intervino en el desalojo del predio. “El que las hace, las paga”, publicó entonces el ministro en su perfil personal de X.
Sobre los últimos días de marzo, Petri se encargó de otra área sensible para las Fuerzas Armadas. Tal vez, la más sensible de todas. El director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, advirtió que diez de los trece trabajadores del equipo de relevamiento y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA) fueron despedidos.
El área dependía del propio Petri y estaba encargada de analizar crímenes cometidos durante la dictadura. Durante los casi catorce años en los que funcionó, el equipo creado por la entonces ministra Nilda Garré había realizado más de 170 informes en causas de lesa humanidad. El virtual cierre del área le valió a Petri una denuncia ante la ONU, además de una acusación por “entorpecer las investigaciones judiciales y el acceso a la verdad”.